Denuncias por posible manejo indebido de recursos, retención de los mismos de manera irregular y los delitos que resulten podrían presentarse en contra del gobierno del estado de Veracruz según lo da a conocer el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el congreso del estado, el legislador por el distrito de Tantoyuca, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien asegura que entre municipios del Norte de Veracruz y otras regiones la retención indebida de presupuestos supera los 250 MDP.
Guzmán Avilés acompañado del diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares y Ricardo Serna, coordinador estatal de alcaldes panistas, denunciaron el retraso de las participaciones federales retenidas por el gobierno del estado de Veracruz y reunidos en la sala de juntas de la fracción azul, el líder de la bancada legislativa reveló que son 45 municipios afectados por más de 250 millones de pesos y temen que el recurso sea devuelto a la Federación por no haberse aplicado durante este ejercicio fiscal.
En el desglose se destacan tan solo entre los municipios de Tantoyuca y Boca del Río un total de 140 millones de pesos retenidos indebidamente según la denuncia pública y el documento emitido en el que participan los alcaldes de los municipios afectados.
En el norte de Veracruz otros municipios con este tipo de inconvenientes son Álamo, Naranjos Amatlán, Platón Sánchez, Chinampa de Gorostiza, Tamalín y Sontecomatlán, alcaldías que no han recibido las referidas participaciones federales y en donde de acuerdo a los denunciantes la retención del recurso por parte del estado se ha hecho costumbre, ocasionando problemas graves a los alcaldes con los ciudadanos al no concretar obras y compromisos planeados.
Dijo finalmente que se tenía hasta el mes de octubre para depositar a las arcas municipales y "vemos un gobierno que no tiene recursos o los utiliza para otros fines", señaló el legislador.
Esta denuncia la externó también Ricardo Serna Barajas, alcalde del municipio de Álamo y coordinador de los ediles de Acción Nacional, por lo que manifestó se podrían derivar denuncias penales en contra de los responsables de una evidente malversación de partidas que representa un delito grave.
