El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) operará en 2026 con un esquema salarial que lo dejará incrementar el ingreso real de sus funcionarios a través de compensaciones, estímulos y pagos extraordinarios, más allá del sueldo base reportado de acuerdo con el manual de percepciones publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que se da a conocer en el marco de una negociación con el Poder Legislativo para aumentar su presupuesto en 28 millones de pesos.
El documento establece principios de austeridad y disciplina financiera, sin embargo su diseño habilita mecanismos que fragmentan el salario en distintos conceptos, el documento fija montos base, pero abre la puerta a ingresos adicionales que no siempre son visibles en los tabuladores oficiales en el estado.
El Congreso aprobó para el instituto un presupuesto de 255 millones 793 mil 4 pesos en 2026, tras recortar la solicitud original de más de 313 millones. De ese total, 159.4 millones se destinan a prerrogativas de partidos políticos y 96.3 millones a la operación del organismo, donde se concentra el gasto en personal.
Con base en el tabulador oficial y en el comportamiento nacional de los organismos electorales, que destinan entre 60 y 75% de su gasto a servicios personales, se estima que entre 57 y 72 millones de pesos del presupuesto del IEEH se canalizarán al pago de sueldos, compensaciones y percepciones asociadas.
El manual establece los salarios base por nivel jerárquico, de modo que la presidencia del instituto percibirá 70 mil pesos mensuales, mientras que los consejeros electorales y la Secretaría General recibirán 60 mil pesos.
En tanto las direcciones ejecutivas alcanzan los 42 mil pesos, las unidades técnicas 38 mil 17 pesos y las subdirecciones 27 mil 706 pesos mientras que en los niveles operativos, los ingresos van de poco más de 9 mil a 15 mil pesos, además de prestaciones.
Sin embargo, estos montos no reflejan el ingreso total pues el propio manual publicado a finales de marzo contempla percepciones adicionales como compensaciones, estímulos y gratificaciones, que pueden incrementar los ingresos sin modificar el salario base.
El manual establece las percepciones extraordinarias en su Artículo 15: “Serán los incentivos, estímulos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan a las personas servidoras públicas de los diferentes grupos jerárquicos. Dichas percepciones se refieren a aquellas contenidas en el Reglamento Interior del Instituto y Capítulo X de las Condiciones. Éstas se otorgarán previa autorización de la Junta Estatal Ejecutiva, conforme a la disponibilidad presupuestal y bajo los parámetros que para tal efecto apruebe dicha Junta Estatal”.
El Capítulo X de las condiciones de trabajo establece que se “apoyará económicamente al personal en los siguientes rubros: I. Retribución económica por conclusión de servicios prestados; II. Prima de Antigüedad que se pagará a cualquier funcionario que concluya sus servicios con independencia de la causa y conforme al número de días que le corresponda conforme a la Ley Federal del Trabajo”.
A eso se le suma un premio de puntualidad y asistencia, apoyo económico (no definido), fondo de ahorro y una compensación electoral, esto último “derivado de la atención a los procesos electorales ordinarios o extraordinarios y que requieren tiempo de atención en jornadas extraordinarias más allá de las 40 horas semanales estipuladas, al no existir horas y días inhábiles durante los mismos; además de una “Compensación especial por actividades extraordinarias, distintas al proceso electoral”.
El caso de la alta dirección ilustra el peso del gasto; solo la presidencia, seis consejerías y la Secretaría General representan un costo mínimo de 490 mil pesos mensuales, equivalente a 5.8 millones de pesos al año, sin considerar compensaciones adicionales ni el resto de la estructura administrativa.
A esto se suma el personal de direcciones, unidades técnicas, jefaturas y áreas operativas, lo que eleva de forma considerable la nómina. El resultado es una estructura donde el grueso del gasto operativo del instituto se concentra en su personal.
La forma en que se integran las percepciones permite dividir el ingreso en distintos conceptos, lo que dificulta su lectura pública. El sueldo base se mantiene como referencia formal, pero el ingreso efectivo puede incrementarse mediante mecanismos administrativos internos. Así la fragmentación tiene efectos directos en la transparencia ya que mientras el tabulador muestra cifras claras, no necesariamente incluye todos los componentes del ingreso ni los montos precisos lo que limita la capacidad de identificar con precisión cuánto gana cada funcionario en términos reales.
El diseño del manual responde a una lógica extendida en organismos autónomos del país: mantener sueldos base controlados mientras el ingreso real se construye a través de compensaciones lo que permite flexibilidad administrativa, pero también abre márgenes de discrecionalidad dentro de la instancia.
La autonomía del IEEH le permite definir sus propias condiciones salariales sin intervención directa de otras instancias sin embargo reduce los controles externos sobre cómo se integran y autorizan las percepciones.
Ajustan presupuesto
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó ajustes a su presupuesto 2026 luego del recorte aplicado por el Congreso estatal a finales de 2025, una decisión que redujo de manera significativa los recursos originalmente previstos para el organismo.
El presupuesto inicial contemplaba 313.7 millones de pesos destinados tanto a actividades ordinarias como a las prerrogativas de los partidos políticos. Sin embargo, el monto autorizado finalmente quedó en 255.7 millones, lo que implicó una disminución que obligó a replantear la distribución del gasto, ajustar prioridades institucionales y optimizar recursos para garantizar el cumplimiento de funciones esenciales sin comprometer la operación.
De ese total aprobado, 159.4 millones de pesos se asignaron a financiamiento de partidos conforme a la normativa vigente, mientras que 96.3 millones quedaron destinados a la operación del instituto, incluyendo salarios, funcionamiento administrativo, materiales, servicios generales y actividades como educación cívica.
Ante este escenario, la Junta Estatal Ejecutiva diseñó una serie de adecuaciones presupuestales para reorganizar el uso de los recursos disponibles. La propuesta buscó mantener en marcha las funciones sustantivas del organismo y garantizar el cumplimiento en la entrega de prerrogativas partidistas, pese al ajuste financiero; sin embargo, el manual publicado posteriormente no contempló un ajuste a los salarios de los consejeros ni personal de primer nivel en la dependencia.
El acuerdo fue sometido a votación en el Consejo General, donde obtuvo cuatro votos a favor. No obstante, la consejera electoral Ariadna González Morales emitió un voto particular en contra, al señalar que la propuesta carecía de solidez, planeación y congruencia, y pidió la elaboración de un planteamiento integral con mayor sustento.
