El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en entredicho la validación de 37 candidaturas a magistraturas de circuito, porque no dan el promedio mínimo en la carrera de ocho y de nueve en la especialidad, pero lo increíble es que, de los 37 perfiles cuestionados, una gran parte proviene de carrera judicial.
Los candidatos que hoy buscan ser magistrados federales electos laboran en poderes judiciales estatales y en el Poder Judicial de la Federación (PJF), así como en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Sin embargo, entre los consejeros del INE hay cuestionamientos en cuanto al cumplimiento de requisitos académicos y metodologías aplicadas para determinar los promedios en licenciatura y especialidad.
Lo anterior ha puesto en evidencia las deficiencias de los Comités de Evaluación, quienes no verificaron estos aspectos al postular a los aspirantes.
De acuerdo con perfiles revisados, la mayoría cuenta con una trayectoria en el ámbito judicial.
Por ejemplo, figuras como Aura Esther Estrada Hernández, con formación en derecho por la Universidad Veracruzana y experiencia como jueza de primera instancia, secretaria de estudio y cuenta, destaca por su amplio recorrido en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Ángel Rosas Solano, quien ostenta cuatro maestrías y un doctorado en curso, ha desarrollado una carrera como secretario y actuario judicial, además de ser autor y docente. De igual forma, Miriam Huerta Lechuga acumula más de 21 años en el Poder Judicial de Puebla, ascendiendo desde funciones iniciales hasta jueza de oralidad penal.
Otros perfiles como Guillermo Francisco Urbina Tanús y José Alberto González Aguilar han desempeñado cargos en tribunales colegiados y en áreas administrativas, combinando funciones jurisdiccionales y académicas.
Como juez federal, Urbina Tanus ordenó la aprehensión de Luis Cárdenas Palomino, ex mando derecha de Genaro García Luna y tuvo bajo su cargo el proceso penal contra el ex gobernador de Sonora, Guillemo Padrés Elías.
Pero los consejeros cuestionan también a algunos candidatos que presentan promedios inferiores a los requeridos, como Tomás Enrique Sánchez Silva, quien ha tenido experiencia como secretario de acuerdos de una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y Eden Wynter Meillón Walter, secretario en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quienes no acreditaron el promedio mínimo de ocho en licenciatura.
Entre los aspirantes también destaca Jorge Luis Barbosa Colunga, candidato joven contra quien se hicieron señalamientos por presuntamente conducir en estado de ebriedad en Guanajuato, situación que él ha negado públicamente bajo el argumento de que se trató de una detención ilegal.
La mayoría de los aspirantes estudiaron Derecho en universidades públicas y privadas reconocidas, con posgrados en áreas especializadas como Derecho Constitucional, Amparo, Derecho Penal, Derecho Administrativo y Derecho Laboral. Varios mantienen perfiles académicos complementados con diplomados y doctorados en curso.
Entre las universidades más recurrentes están la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
No obstante, el proceso para definir a los nuevos magistrados federales pone en evidencia la necesidad de mejorar la coordinación y supervisión entre los Comités de Evaluación y el INE.
La falta de homologación de criterios para calcular promedios y la ausencia de postulación adecuada de mujeres son temas que se deberán superar para la próxima elección judicial prevista en 2027.
ROA
