Rogelio Benavides Pintos, ex subsecretario de Administración, y Gonzalo Padilla Orozco, director de Adquisiciones, tendrán que pagar una multa de 7 mil 300 pesos, el equivalente a 100 salarios mínimos, y se enfrentarán a una amonestación por el "cobijagate".
La Sub procuraduría Anticorrupción dio a conocer mediante un comunicado de prensa los resultados de esta investigación en la que ambos fueron denunciados por adquirir cobertores al triple de su valor.
Además, informó que la empresa Comercializadora Mirof S.A. deberá entregar 60 mil cobertores al Gobierno del Estado con el fin de resarcir el daño causado al erario.
Lo anterior lo dio a conocer el Gobierno Estatal por medio de un comunicado, en el que señala que los castigos forman parte de un acuerdo reparatorio con la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.
En el documento, se establece que los 60 mil cobertores equivalen al 30 por ciento de los 200 mil artículos adjudicados en la subasta electrónica realizada en diciembre pasado, algunos de los cuales no cumplieron con ciertas especificaciones, según ellos, debido a la emergencia con la que debían ser distribuidos.
Ernesto Canales Santos, Fiscal Anticorrupción, dijo que en la indagatoria compareció, entre otros, el representante legal de Comercializadora Mirof, quien declaró que por un error, el 24 de diciembre entregaron 60 mil cobertores con dimensiones distintas a las licitadas en la subasta.
Canales Santos agregó que en su comparecencia ante la Fiscalía, el representante legal de Mirof manifestó su disposición de resarcir el daño causado, por lo cual la carpeta de investigación respectiva fue enviada a la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
El objetivo, expresó, era agotar la conciliación o mediación del conflicto originado por esa licitación y la respectiva adjudicación del contrato.
Con el acuerdo reparatorio, mencionan, se extingue la posible acción penal que pudiera corresponderle a la empresa.
Canales Santos dijo que hasta el momento no se han encontrado datos suficientes para estimar que cometieron algún delito los servidores públicos involucrados en el proceso de subasta, adjudicación del contrato y entrega-recepción de dichos cobertores.
Por otra parte, la Contraloría y Transparencia Gubernamental informó que las secretarías responsables de la licitación de los cobertores, Finanzas y Desarrollo Social, analizaron las pruebas presentadas dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, por los servidores participantes en dicha licitación.
Agregan que a los integrantes de la Tesorería en el Comité de Adquisiciones no se les estableció sanción alguna, ya que las conductas que les eran atribuidas no se encontraban dentro de sus funciones.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social una vez desahogados los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa dictó las siguientes resoluciones, respecto del caso de los cobertores:
Helena Silva Parra, directora Administrativa: sancionada con apercibimiento privado.
Evelín Marcela Arzate Ruiz, representante ante el Comité de Adquisiciones: inexistencia de responsabilidad administrativa.
Pedro Antonio Valadez Rodríguez, Coordinador de Control Presupuestal y Financiero de la Dirección Administrativa: sancionado con apercibimiento privado.
En tanto que la Contraloría emitió resolución respecto de uno de sus servidores públicos participantes en el caso:
Jesús Efraín Mazatán Parra, representante de la Contraloría en el Comité de Adquisiciones: sancionado con apercibimiento público.
Con ello, el Gobierno del Estado pretende cerrar el caso de la compra de cobertores con sobrecosto, sin embargo, no especifica si los ex funcionarios volverán a sus cargos.
