El proyecto de la cuarta transformación tiene la convicción con la garantía de no repetir las violencias, principalmente política, ocurridas en el periodo conocido como 'guerra sucia' y además, trabajar por la justicia y la verdad en torno a estos hechos.
Así lo afirmó Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, durante la presentación del informe Verdades innegables. Por un México sin impunidad realizado por la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
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"Con la firme convicción que hechos como este no deben volver a ocurrir, es decir, la convicción con la garantía de no repetición. Estos creemos que son mensajes claros, son tomas de posición política clara de que el proyecto de la cuarta transformación seguirá trabajando en el largo camino por la verdad, la justicia y la memoria respecto de las violencias ocurridas durante la llamada 'guerra sucia'", dijo.
Durante la presentación del documento en el Centro Universitario Tlatelolco, comentó que este estudio de más de 2 mil cuartillas recopila testimonios y documentos que ayudan a comprender las dinámicas de la violencia ejercida en aquella época.
Además, identifica con nombre y cargo de los posibles perpetradores de los crímenes.
"Resaltan los listados de las personas probablemente responsables y de sus líneas de mando en la comisión de los crímenes, la cual, puede contribuir en la judicialización de los casos que eventualmente realizará la FGR, que por cierto, ha integrado las carpetas de investigación por crímenes como desaparición forzada o lesa humanidad con la finalidad de que no prescriban nunca", agregó.
Entre los personajes identificados como perpetradores de violencia se menciona a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz.
También hay funcionarios como los ex secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett, Fernando Gutiérrez Barrios y Jesús Reyes Heroles, entre otros.
El informe explica que estos y cientos de funcionarios más, supuestamente cometieron violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990 contra disidencias políticas de cuatro sectores: estudiantiles, Organizaciones Político-Militares (OPM), laborales-sindicales y redes de apoyo en defensa de los Derechos Humanos.
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