La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y su correligionaria panista Pilar Ortega presentaron una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para sancionar con entre uno y cinco años de cárcel a quien cometa algún delito contra personal del sector salud, además de agravar el castigo por discriminación a médicos y enfermeras durante una emergencia sanitaria.
Advirtieron que las condiciones de la contingencia por el covid-19 generan un mayor riesgo de que el personal médico y de enfermería sean víctimas de delitos patrimoniales, como el robo en sus distintas modalidades, hasta de aquellos que atenten contra su integridad y su vida, como amenazas y lesiones.
Asimismo y desde el inicio de la pandemia por coronavirus, el fenómeno de la discriminación contra médicos y enfermeras se ha extendido a 22 entidades federativas, señalaron.
La Ciudad de México encabeza dicha lista con 22 quejas, seguida del Estado de México, con 12; Nuevo León y Guanajuato, con cuatro, así como Jalisco y Puebla, con tres.
Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, registran dos por estado, en tanto Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa aparecen en la lista con una queja cada uno.
“La iniciativa busca proporcionar seguridad al personal médico que arriesga su salud, integridad e, incluso, su propia vida, por atender la emergencia sanitaria causada por la propagación del coronavirus causante de covid-19”, puntualizaron las diputadas Rojas y Ortega.
Se considera también incorporar el artículo 149 Ter para determinar que la penalidad es por discriminación contra personal del sector salud durante una emergencia sanitaria se incrementará hasta en una tercera parte.
La propuesta de reformas y adiciones plantea además sancionar con arresto de hasta 36 horas a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia contra personal del sector salud.
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