Las pretensiones de Gerardo Vargas Landeros de regresar a su cargo como presidente municipal de Ahome, Sinaloa, se vinieron abajo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el recurso legal que presentó contra la separación ordenada por el Congreso local fue extemporáneo.
Por mayoría de votos, el pleno determinó no estudiar el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, quien proponía invalidar la decisión del Congreso de Sinaloa y ordenar la restitución de Vargas Landeros en el cargo.
Te recomendamos
Separación del cargo, firme
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dijo antes de abordar el fondo del asunto, que una mayoría consideraba que la controversia constitucional fue promovida fuera de tiempo por el municipio.
Siete ministros coincidieron en que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea, por lo que no debía estudiarse el asunto.
Arístides Guerrero sostuvo que la controversia fue presentada en el plazo que marca la ley. La ministra Yasmín Esquivel Mosa lo apoyó.
Al prevalecer el criterio de la mayoría quedó firme la separación del cargo de Gerardo Vargas, la cual fue emitida en mayo de 2025 tras la aprobación de un desafuero por unanimidad en el Congreso local.
La medida se debió a presuntas irregularidades en el arrendamiento de patrullas. Antonio Menéndez de Llano Bermúdez asumió como alcalde sustituto.
Salvan a priistas
En otro asunto, una mayoría de seis ministros se pronunciaron en contra del proyecto de la ministra María Estela Ríos González, quien propuso consignar ante un juez federal por desacato a un amparo a Onan Hernández López, ex presidente municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz, así como a la ex síndica Refugio Santiago Mulato y a Eulogio Cruz Delgado, ex regidor, quienes ocuparon los puestos de 2022 a 2025.
De acuerdo con antecedentes, los tres no cumplieron en tiempo y forma con dos pagos a un particular que ganó un juicio al municipio en 2015, a quien se le debía 3 millones 269 mil 174 pesos, los cuales han generado intereses desde la citada fecha.
El ministro Hugo Aguilar dijo que la Corte ha puesto énfasis en que se cumplan las sentencias, pero que no se sancione a los funcionarios públicos, además de que la nueva administración se comprometió a pagar a mediados del presente año.
Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Irving Espinosa Betanzo se pronunciaron a favor de consignar a los funcionarios.
“Es imperante que este Alto Tribunal, como máximo protector de los derechos humanos del país, actúe en términos como lo mandata el artículo 17, relativo al derecho de una justicia pronta y completa, lo que incluye el procedimiento de ejecución de sentencia para obtener el logro de lo condenado… pues una justicia que que no se puede ejecutar no es una justicia completa ni real…”, expresó la ministra.
IOGE
