Las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil advirtieron sólo diez poderes judiciales, contando el federal, permiten seguir juicios en línea para sortear los obstáculos impuestos por la pandemia de coronavirus que impide la participación presencial de los ciudadanos y las autoridades.
Además, el análisis de las organizaciones destaca que 18 poderes judiciales estatales mantienen sus actividades paralizadas y sólo atienden casos urgentes, a diferencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de los otros 14 poderes judiciales locales que ya desactivaron las suspensiones y atienden todos los casos que les llegan.
El análisis realizado por las organizaciones destaca que sólo nueve poderes judiciales permiten dar el seguimiento completo a todos sus casos mediante un "juicio en línea", es decir, el 27 por ciento.
Se trata del Poder Judicial de la Federación y los de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.
Sin embargo, todos ellos, excepto el de Baja California Sur, exigen contar con una firma electrónica FIEL (SAT) o FIREL (firma electrónica del Poder Judicial de la Federación) o una firma electrónica proporcionada por el propio Poder Judicial estatal para acceder a esos juicios.
Ambas organizaciones mantienen el monitoreo de las actividades que realizan las diferentes instituciones públicas durante los meses de la emergencia sanitaria, en un mecanismo que denominaron #SusanaVigilancia.
Así, a 100 días de la declaratoria de la emergencia y rumbo a las nuevas condiciones de vida que afectarán positiva o negativamente el acceso a la justicia, Transparencia Mexicana y Tojil elaboraron una investigación especial sobre el estado en el que se encuentran los poderes judiciales en términos de su capacidad para dotar a la población de esquemas de justicia digital.
Asimismo, solo el Poder Judicial de la Federación y 17 poderes locales permiten audiencias a través de videoconferencias.
"Estamos en un cambio de época y los riesgos de comprometer el acceso a la justicia, entendida como un servicio público esencial para la población, debe convertirse en impulso para desarrollar mecanismos económicos, sencillos, transparentes, abiertos y accesibles al mayor número de personas.
"Como servicio público esencial en momentos donde se prevé un incremento en la conflictividad y la violencia, derivado de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, el acceso a la justicia penal debe ser transparente a todas las personas. La pandemia y sus efectos no pueden convertirse en justificación para limitar derechos sin motivación o fundamento, o de manera indefinida”, agregaron.
Transparencia Mexicana y Tojil invitaron a las autoridades judiciales "a inaugurar una etapa de innovación y creatividad social que permita garantizar el acceso a la justicia, sin coartar la transparencia y publicidad de sus procedimientos y sin poner en riesgo la salud de sus servidores públicos y de los justiciables".
icc
