El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y los ajustes a 65 ordenamientos, sin considerar hasta el momento cambios al proyecto enviado por el Senado de la República, ni admitir propuestas de las organizaciones de víctimas.
El grupo parlamentario del PRD presentó una moción suspensiva para frenar la discusión del dictamen y devolverlo a las comisiones para incorporar modificaciones, pero la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron el recurso.
Entre otros aspectos, el dictamen de la Comisión de Justicia establece que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, cuyo titular será propuesto por el Presidente de la República y ratificado por el Senado de la República.
El fiscal general solo podrá ser removido por el titular del Ejecutivo por causas graves comprendidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva en términos del artículo 19 constitucional.
Asimismo, mantiene la participación de la FGR, con pleno respeto a su autonomía, en los sistemas nacionales de Búsqueda de Personas y de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
En los mismos términos participará en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Para el ejercicio de sus facultades, la FGR estará encabezada por su titular e integrada por las fiscalías especializadas de Control Competencial, de Control Regional, Delincuencia Organizada, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción, Derechos Humanos y Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
Aun cuando colectivos como el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, así como familiares de desaparecidos, expusieron sus contrapropuestas ante la Comisión de Justicia para reconocerlos expresamente como coadyuvantes en los procesos de investigación y búsqueda de personas, la bancada morenista se negó a modificar el proyecto.
LP
