En la sesión de este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional 330/2019 y determinó que el Congreso de Tamaulipas excedió sus facultades para revisar la cuenta pública de Reynosa, al instruir que la Auditoría Superior del Estado (ASE) inicie el procedimiento correspondiente.
Fue la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que analizó la regularidad de los decretos emitidos por el Congreso de Tamaulipas en los que se tuvo por no aprobada la cuenta pública 2016 de diversos entes adscritos al municipio de Reynosa. En ese año, el gobierno estaba a cargo de Maki Ortiz.
En el fallo, se determinó que el Poder Legislativo local sí cuenta con facultades para calificar la cuenta pública de los entes sujetos a fiscalización.
“No obstante, la calificación que emite la legislatura local únicamente se traduce en un pronunciamiento de carácter político que no puede tener consecuencias jurídicas. Ello, toda vez que conforme a los preceptos constitucionales aplicables, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, como órgano con autonomía técnica, fiscalizar el ejercicio del gasto y, en su caso, fincar las responsabilidades resarcitorias y administrativas que correspondan”.
EAS
