Diputadas y diputados del Congreso local aprobaron este lunes en comisiones, por unanimidad, tres reformas complementarias a la Constitución Política del Estado, al Código Penal y a la Ley de Educación, con el objetivo de combatir la violencia contra maestras, maestros y personal de apoyo educativo, un problema que afecta la paz escolar y el derecho a la educación de miles de estudiantes.
La iniciativa, promovida por la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, establece en el marco constitucional, jurídico y administrativo la protección a la integridad física, psicológica y moral del personal docente en el ejercicio de sus funciones.
Incluye mecanismos de defensa legal, apoyo psicológico, reparación integral para las víctimas y sanciones agravadas por delitos como lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, extorsión o difamación cometidos contra educadores.
Detalles de las reformas
Constitución local (adición al artículo 138): Obliga al Estado a garantizar la seguridad del personal docente y de apoyo, reconociendo su derecho a defensas legales eficaces y oportunas. Eleva a rango constitucional la protección docente como principio rector del sistema estatal.
Código Penal (nuevo artículo 438): Introduce agravantes específicas para delitos contra educadores en funciones, reconociendo la sensibilidad de su labor y buscando disuadir la violencia, evitar la impunidad y reforzar la estabilidad educativa.
Ley de Educación (reforma a artículos 74 y 78, con nuevo capítulo): Incorpora un apartado de “protección integral de las y los maestros”, con principios de seguridad y dignificación; mecanismos de denuncia oportuna; definición de tipos de agresión; creación de comités de convivencia escolar; protocolos de actuación; programas de sensibilización; acompañamiento psicológico y coordinación interinstitucional.
Debate en comisiones
El diputado Isidro Vargas, de la Comisión de Justicia, consultó sobre el dictamen de la Fiscalía para la reforma al Código Penal. Los Servicios Parlamentarios confirmaron que se solicitó, pero aún no ha llegado. Vargas expresó: “Ojalá la tengamos antes de llevar la reforma al pleno del Congreso”.
El diputado Víctor Manuel García Fuentes, en la Comisión de Educación, enfatizó: “La acción legislativa surge de una profunda preocupación por la persistente y multifacética problemática de la violencia que permea nuestros entornos escolares”. Agregó que, aunque la legislación actual prioriza la protección de estudiantes, es esencial abordar con igual determinación la agresión contra quienes educan, ya que un entorno seguro beneficia a toda la comunidad escolar, fomenta el aprendizaje y garantiza condiciones dignas para los docentes.
La diputada Gabriela Regalado señaló: “Tamaulipas da un paso firme hacia la consolidación de un modelo educativo que promueve la formación de estudiantes, fomenta valores, impulsa estilos de vida saludables y contribuye al bienestar”.
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SJHN
