Ante la polémica entre el sector empresarial y el Gobierno de Nuevo León sobre eliminar las barreras que enfrentan en su interacción, sin que su acceso esté condicionado a la participación en ningún programa ni a aportaciones económicas, la Diputación Permanente del Congreso local pidió que se informe de manera detallada los programas “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” y “Cero Clausuras”.
A propuesta de la diputada local del PAN, Claudia Caballero, consideró que no se puede permitir que una obligación del Estado se transforme en un privilegio para quien puede pagar.
“Si existen empresas que incumplen la ley, deben ser sancionadas conforme a la norma; y si existen funcionarios que extorsionan, deben ser investigados y castigados. Lo que no puede convertirse en la solución es pedirle dinero a las empresas para garantizarles que la autoridad no las moleste”.
“Nuevo León no necesita un Gobierno que haga parecer que la protección tiene precio. Necesita un Gobierno que haga cumplir la ley, que combata la corrupción, que proteja a las pequeñas y medianas empresas frente a cualquier abuso de autoridad y que garantice que, ante la ley, todos sean tratados por igual, aporten o no aporten dinero al Gobierno del Estado”, agregó.
En el exhorto se pide al gobernador Samuel García a que de manera detallada entregue información respecto al programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, informe sobre la operación, administración y destino de los recursos aportados por la iniciativa privada.
Pero además, que señale el monto total recaudado, las empresas participantes y sus respectivas aportaciones, así como los proyectos, obras y acciones en los que fueron ejercidos dichos recursos.
Con relación al programa “Cero Clausuras”, que se informe los criterios, mecanismos, beneficios, compromisos y reglas de operación bajo los cuales se implementa dicho programa.
“Queremos saber los requisitos y condiciones que deberán cumplir las empresas para acceder a sus beneficios; informe el origen, procedencia y naturaleza jurídica de los recursos aportados, los mecanismos de control y fiscalización implementados para acreditar su legalidad y destino”.
“También un desglose de las aportaciones realizadas señalando las cantidades que se solicitarán a las empresas participantes y los criterios utilizados para determinar dichos montos y los beneficios vinculados a estas aportaciones en ambos programas; e informe cuáles son los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas previstos, para garantizar que las aportaciones y recursos involucrados en ambos programas sean administrados y destinados conforme a la normatividad aplicable”, sostuvo Caballero.
Por último, dijo que el propio gobernador ha reconocido públicamente que existen dependencias e inspectores que normalmente ‘ponen gorro’.
Este lunes se publicó que, mientras la iniciativa privada de Nuevo León analiza un pronunciamiento para este día, el Consejo Cívico hizo un llamado al Gobierno del Estado a eliminar las barreras que enfrentan en su interacción, sin que su acceso esté condicionado a la participación en ningún programa ni a aportaciones económicas.
De acuerdo con la organización civil, el combate a la corrupción y la certeza jurídica deben beneficiar a ambos, sin que el acceso esté condicionado en tema de apoyos a favor de proyectos estatales.
mrg
