El Congreso local iniciará el nuevo periodo de sesiones este martes con dos mil 200 expedientes rezagados y sin el acuerdo político con el Estado, de momento, que permita tener Presupuesto para el 2026.
Información recabada del sitio web del Legislativo, arrojó que son dos mil 200 expedientes, más el acumulado del puente, principalmente en reformas que tienen que ver con el Código Penal, la legislación local y temas relacionados con homologaciones federales, que ya no están en tiempo para ser aprobadas.
El Presupuesto podría ser modificado este mes, siempre y cuando se concrete un acuerdo para que los diputados autoricen entre ocho mil y 11 mil millones de pesos de deuda, más casi tres mil millones de pesos para un proyecto hídrico de la presa El Cuchillo, revelado la semana pasada.
Además, avalar la propuesta del Estado, una vez que la envíe al Congreso, para designar a Ulises Carlin como tesorero del Estado.
No obstante, PRI y PAN cederían siempre y cuando se les otorgue mayor presupuesto al Poder Judicial, la Fiscalía y los órganos autónomos, los cuales admitieron que no promoverían juicios para obligar al Estado a que les entregue los recursos.
Otro de los temas importantes para todas las bancadas, según lo declarado por los diputados el jueves pasado, es la reforma electoral, ya que tienen hasta junio para modificarla, con el fin de establecer el género, edad o dejar a criterio de cada partido la postulación de candidaturas a la gubernatura en el 2027.
La reforma judicial, que podría ser analizada en este periodo, es otro tema que, además, estaba controvertido en la Suprema Corte, pero que después los ministros aplazaron la discusión para evitar dar un revés al gobernador Samuel García.
Lo anterior tiene que ver con la elección de jueces, magistrados y la desaparición del Consejo de la Judicatura, debido a que el PAN declaró que dicha votación se llevaría a cabo en 2028, con el fin de que no se empalme con el proceso electoral ordinario.
La desaparición del Instituto Estatal de Transparencia, el cual entregó su informe de labores al Congreso, debido a que Morena y MC aseguran que este organismo debe pertenecer a la Contraloría del Estado, mientras que PRI y PAN alegan su autonomía.
De manera general, los alcaldes han insistido en tener más facultades para trabajar en unidad, es por eso que la mayoría de las bancadas trabajarían en la nueva Ley de Coordinación Metropolitana, siempre y cuando la iniciativa la presenten los ayuntamientos y no el Ejecutivo.
En el periodo pasado, los diputados, principalmente de Morena y PRD, no llegaron a un acuerdo para sacar la nueva Ley de Educación, debido a que no se contempló el uso de mochilas transparentes en las escuelas.
Además, la bancada de Morena denunció 28 por ciento de errores en la nueva normativa avalada en Comisiones.
Aunque se había comentado que buscarían reactivar los juicios políticos contra el gobernador, fuentes revelaron que el Congreso está impedido debido a la “telaraña” de amparos y problemáticas que no resolvió la antigua conformación de la Corte.
La iniciativa de Ley del Registro Público, que tiene más de un año y medio en la congeladora, con el fin de continuar combatiendo el delito de despojo.
Reformas secundarias del registro de obligaciones alimentarias, iniciativas en materia de arbolado urbano, transfemicidio, derechos humanos y en favor de la sociedad civil.
Es importante mencionar que la presentación diaria de iniciativas de los diputados de todos los partidos, dijeron fuentes, ha provocado molestia de los coordinadores, debido a que sus homólogos presentan reformas similares que ya han sido expuestas en el pasado, provocando que crezca el rezago.
Los diputados han aprobado poco más del 10 por ciento de iniciativas, mientras que el resto no avanza, pese al acuerdo legislativo de sacarlas en bloque.
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