El Congreso de Nuevo León busca dar un castigo ejemplar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario de Gobierno, Manuel González Flores, por las anomalías halladas en la recabación y entrega de firmas de El Bronco para sustentar su candidatura independiente a la Presidencia de México.
Y que, tras ser turnados a la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado los oficios SRE-SGA-OA-264/2019 y SRE-SGA-OA-265/2019 signados por Francisco Alejandro Croker Pérez, secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Especializada, en que se solicita al Congreso local cumplir con la sentencia dictada, el Poder Legislativo tiene hasta el 20 de diciembre para definir la sanción correspondiente.
Aunque, de acuerdo con Arturo Bonifacio de la Garza Garza, presidente de la citada Comisión, la intención es que se tenga un dictamen “revolucionario” y el castigo se conozca un mes antes de la fecha límite, el 20 de noviembre, y no dejar la discusión hasta finales del mes de diciembre para no interferir en los temas del presupuesto para el año 2020.
“No va a ser una llamada de atención, no va a ser ni un regaño ni un pellizco, va a ser un castigo ejemplar lo que va a salir de aquí del Congreso y ése es un consenso de todas las bancadas.
“No es un tema de diputados, es el clamor de la ciudadanía y yo represento a Nuevo León. Es el momento de demostrarle a Nuevo León de que estamos con ellos y que tenemos el mismo sentir”, enfatizó el legislador de Morena.
Sobre la duda que existe de en contra de quién sería el “castigo ejemplar”, el diputado local reiteró que la orden del tribunal es contra los dos funcionarios.
“Aquí nos viene que en contra del entonces titular y el actual titular de la administración estatal de Nuevo León. Nos ordenan a ambos”, precisó.
Derivado de esta orden, explicó, durante este mes se estará estudiando jurídicamente el caso y en la primera sesión del mes de septiembre pondrán el tema en la mesa, para sustentarlo y llevarlo al Pleno antes de que termine el mes de noviembre del año en curso.
“Debemos de obedecer al Tribunal Federal en materia electoral. Un servidor se compromete a en la primer comisión sacar el tema y resolverlo antes de la fecha límite”, puntualizó de la Garza Garza.
Sanción puede ser la destitución, asegura Carlos de la Fuente
El coordinador de los diputados locales del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, señaló que deben acatar la orden recibida por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aplicar un castigo tanto para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, como para el secretario de Gobierno, Manuel González, el cual, aseguró, puede ser “la destitución”.
Ahora, dijo, el tema de aquí al 20 de diciembre, o antes, si el presidente de la Comisión Anticorrupción cumple con tener listo el dictamen en la segunda decena de noviembre, será qué sanción se le impondrá a ambos funcionario por delitos electorales.
Además de que, dijo, el debate tendrá su punto climático cuando se hable sobre si se destituye a Rodríguez Calderón y a González Flores, y quién sería el gobernador de Nuevo León para concluir el sexenio.
Y, aunque no quiso adentrarse aún en el tema, recordó que de darse ese escenario, la decisión de quién gobernaría el estado recaería en el Congreso del Estado, a propuesta de dos terceras partes de los 42 legisladores locales, es decir, un acuerdo de 28 diputados bastaría para, de presentarse esa situación, elegir al mandatario estatal, en caso de que destituyan al actual, y al secretario de Gobierno.
“No es opcional. El tribunal le está ordenando a este Congreso que en el siguiente periodo ordinario se determine qué tipo de sanción (se va a aplicar). Hay que recordar que puede ser desde una amonestación hasta la destitución.
“Por ahí hay quienes dicen que no se puede, incluyendo el propio afectado. Hay quienes dicen que sí se puede, por eso le estamos pidiendo a la Comisión que haga un análisis profundo del tema”, expresó el panista.
El trabajo que se haga en este próximo periodo ordinario, recalcó, debe ser contundente pero jurídicamente correcto, para no tener que andar en un futuro peleando en tribunales el castigo impuesto y el cumplimento del mismo.
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