Mientras en comisiones discutirán el Presupuesto 2026, el Congreso local inició el “tira-tira” con la aprobación de valores catastrales del municipio de Monterrey, Montemorelos y Apodaca, pero rechazando la solicitud de Guadalupe, además del financiamiento solicitado.
En sesión, los diputados del PRI y PAN, junto a Rocio Montalvo y algunos morenistas, lograron pasar los valores catastrales de los municipios citados, pero cuando tocó el turno del ayuntamiento emecista de Guadalupe, estos votaron en contra.
Durante la sesión, tanto afuera como adentro, los coordinadores del PRI, PAN, Morena, y MC, Heriberto Treviño, Carlos de la Fuente, Mario Soto y Sandra Pámanes, han discutido sobre la forma de llevar la sesión.
Los morenistas y emecistas acusaron al PRI y PAN de promover temas únicamente a beneficio de sus partidos, dejando fuera otros que fueron presentados por los quejosos.
Mientras estos sucedía, la Comisión de Legislación aprobó una reforma al Código Civil para que actuar contra fraudes inmobiliarios
Claudia Caballero, diputada local del PAN, comentó que el fin de la reforma era para que se puedan celebrar preventas, siempre y cuando haya permisos del municipio.
Caballero anticipó que harán mesas de trabajo iniciando el 2026.
“Lo que queremos es darle certidumbre jurídica a los ciudadanos, pues que han estado poniendo mucha presión, y pues por obvias razones por todos estos fraudes que se han presentado”.
“Yo creo que ahorita vamos caminando es un paso para este tema de preventas que se puede mejorar sí, pero por lo pronto estamos dando certeza”, señaló.
José Luis Garza, diputado local de MC, votó en contra de la propuesta, argumentando que tiene vicios.
“Desde el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano dejamos claro que no estamos en contra de su regulación; reconocemos que existen abusos y fraudes que deben atenderse. Sin embargo, la propuesta presenta deficiencias graves de técnica jurídica y certeza legal, por lo que no podemos acompañarla en sus términos”.
“La reforma se limita a señalar que se trata de un “ofrecimiento”, sin precisar si se configura como un contrato de promesa, un contrato preparatorio o una figura sui generis; no obstante, le atribuye efectos y sanciones relevantes, lo que vulnera el principio de certeza jurídica. Además, trata de manera igual a proyectos de distinta magnitud, sin atender criterios de proporcionalidad ni razonabilidad regulatoria”, apuntó.
Además, la Comisión Primera de Hacienda aprobó el presupuesto de ingresos y la solicitud de deuda del municipio de Monterrey, con el voto en contra de MC.
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