El Congreso mexiquense recibió las opiniones de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de 48 municipios sobre las reformas constitucionales que pretende llevar a cabo para reconocerlos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación; sólo falta realizar la Asamblea General el próximo 29 de abril.
Las consultas se realizaron en asambleas ubicadas en sedes regionales en los municipios de Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, donde participaron congresistas, representantes del gobierno estatal —incluyendo al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas—, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México e integrantes de las cinco etnias originarias.
Te recomendamos
La convocatoria, que fue traducida a lenguas originarias, estableció como fecha de las cinco asambleas regionales, informativas y consultivas el 25 de abril, mientras que el 29 se llevará a cabo la Asamblea General. El objetivo es someter a consideración de los pueblos y comunidades el proyecto de decreto en la materia, a través de una etapa consultiva para recibir propuestas, sugerencias, observaciones y contenidos normativos.
Esto deriva del acuerdo de las comisiones legislativas para analizar dos iniciativas de la diputada Leticia Mejía García, la bancada de Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las cuales armonizan la Constitución local con la federal, de acuerdo con la reforma en la materia publicada en octubre de 2024.
Te recomendamos
El proceso
En las consultas, los participantes se expresaron a favor del reconocimiento a los pueblos indígenas como colectividades con continuidad histórica desde las sociedades precoloniales del territorio estatal, que conservan, desarrollan y transmiten —total o parcialmente— sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas.
Los asistentes discutieron sobre el derecho a la libre determinación y a la autonomía para decidir conforme a sus sistemas normativos y a las disposiciones legales aplicables, además de sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como la facultad de aplicar y desarrollar sus modelos para la regulación y resolución de conflictos internos.
También se refirieron a la garantía de elegir, de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, garantizando que mujeres y hombres puedan votar y ser votados en condiciones de igualdad.
Te recomendamos
Asimismo, solicitaron preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural material e inmaterial; fomentar el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de sus lenguas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural; participar en la construcción de modelos educativos que reconozcan la composición pluricultural de la entidad, así como desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional y la partería para la atención de embarazos, parto y puerperio.
Lo anterior se suma a la necesidad de conservar y mejorar sus hábitats, el resguardo de la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, y la facultad de elegir representantes en los ayuntamientos de municipios con población indígena, observando el principio de paridad de género y pluriculturalidad.
Finalmente, consideraron que en los juicios y procedimientos de los que sean parte, individual o colectivamente, se deben tomar en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales —respetando los preceptos de las constituciones nacional y estatal—, además de ser asistidos por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas, bajo un enfoque de pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
