Para solventar la problemática de recolección de basura que se presenta en diversas comunidades a la planta cementera Cruz Azul después de que se cancelara su programa en la materia, el cabildo tulense aprobó el arrendamiento de tres unidades recolectoras
En la última sesión de cabildo se propuso el arrendamiento de tres camiones tipo torton, por 55 mil pesos al mes más IVA, a fin de que con ellas se realice la recolección de residuos sólidos urbanos en siete comunidades, en las que durante 25 la cementera Cruz Azul brindó dicho servicio.
Y es que ante la falta de operaciones en la planta, se informó que el programa se cancelaría por falta de recursos de la cementera, por lo que el gobierno anunció que asumiría esta ruta, para evitar una problemática por la acumulación de residuos.
El alcalde Manuel Hernández Badillo explicó que antes de que la administración municipal asumiera la recolección de residuos le solicitaron formalmente a directivos de la planta y del corporativo que retomaran dicho servicio.
Lo anterior pues para el municipio le representaría un gasto adicional para la recolección y disposición de residuos sólidos, pues por las 15 toneladas diarias que podrían sumarse hay que pagar a la empresa el monto para el manejo final de esos desechos.
No obstante no hubo una respuesta por parte de la cementera, por lo que la alcaldía planteó las acciones para subsanar esta problemática, antes de que se generara un conflicto mayor con las poblaciones afectadas.
Frisen Hernández, director de Servicios Públicos de Tula, señaló que Tula tiene 16 camiones compactadores en operación, dos en mantenimiento y dos en taller, por lo que con el parque vehicular existente no es posible atender la nueva ruta.
Dijo que debido a que la suspensión del servicio de recolección de la cementera se dio de manera imprevista, tuvieron que solventar la problemática con la contratación de las unidades de carga, incluso sin licitar.
El regidor Ricardo Baptista González, cuestionó los costos de arrendamiento para estas unidades que no son adecuadas para brindar el servicio, al ser camiones de carga y no compactadores.
Además de ello cuestionó que se presentara una propuesta de arrendamiento a once meses, pues consideró que se afectaría al erario con la propuesta económica presentada por estas tres unidades de carga.
Mientras que la sindico procuradora jurídica, Lilia Ibáñez, señaló que no hubo una licitación para la prestación del servicio; en suma los cuestionamientos derivaron en que el tiempo del contrato se redujera de once a tres meses, y en este tiempo se analizarán las opciones para la adquisición o arrendamiento de unidades para subsanar esta problemática.
