Miembros de la agrupación Un Salto de Vida acusaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó su derecho a una consulta pública solicitada por el proyecto de construcción de la termoeléctrica de ciclo combinado “El Salto I”.
Aseguran que el proyecto que lleva a cabo la empresa Ad Astra Energía del Grupo VAZ pone en riesgo la salud de los habitantes de tres colonias y escuelas que se encuentran en las inmediaciones.
En conferencia de prensa, los afectados denunciaron que el pasado 18 de junio, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, les negó la solicitud, argumentando que dado que el proyecto se encuentra en el municipio de Tlajomulco, la comunidad de El Salto no es considerada como afectada.
¿Qué considera territorio con afectaciones Semarnat?
El organismo ambiental únicamente tomó en cuenta lo registrado en el proyecto presentado por la empresa en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con clave 14JA2025E0043, sin considerar que la contaminación no tiene límites.
Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida, tachó de ridícula la decisión, pues es meramente administrativa, sin razonar que en la naturaleza las sustancias contaminantes se trasladan con facilidad de un lado a otro.
“Es ridículo que una autoridad se ciña a criterios administrativos ya que hay una movilidad de sustancias contaminantes en el aire, en el agua, en el suelo... con sus propios argumentos, se ha demostrado que los límites municipales consideran que este esta zona si bien está en controversia entre Tlajomulco y el Salto, el límite está propuesto para que sea considerada toda la zona”, señaló.
De esa manera, dijo que la interpretación del instituto, invalidará el argumento de la propia autoridad ambiental, ya que la contaminación no se limita a demarcaciones municipales, pues se han identificado las colonias y escuelas que se encuentran en las cercanías del proyecto.
Para Carmona, estos proyectos deben ser evaluados a nivel regional, ya que impactan en ecosistemas y sistemas ambientales que son habitados por las comunidades solicitantes de la consulta.
“Hay tanto en El Salto como en Tlajomulco, son las fraccionamientos de la Purísima que está a escasos 160 metros de este megaproyecto, la Albereda que esta 250 metros; cabe decir que en la Purísima hay una escuela primaria que está a 230 metros del proyecto, es decir a un par de cuadras y es sumamente riesgosos en términos de salud que se esté expuesto a la quema de gas natural”, subrayó.
¿Cuál es la zona afectada por la termoeléctrica?
El polígono del proyecto se ubica sobre la carretera a La Capilla, a 4 kilómetros de la cabecera municipal de El Salto y 6 kilómetros de la de Juanacatlán y, aunque existan controversias, este es considerado como parte del municipio de El Salto en sus instrumentos de planeación, en el Registro Público de la Propiedad y en las últimas delimitaciones propuestas por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) en 2021.
Asimismo, destacó que para una central de ciclo combinado, como la que la empresa Ad Astra Energía pretende construir, se considera que su actividad será “Altamente Riesgosa”. La transportación, manejo y quema de gas natural, representa un riesgo para la población al estar expuestos de manera constante.
En ese sentido, un Salto de Vida destacó que la Semarnat contraviene su narrativa de una restauración del río Santiago con participación de las comunidades, la cual ha sido mencionada por la propia presidenta en más de una ocasión y promovida como un cambio de paradigma por la secretaria Alicia Bárcena en días recientes.
El Salto no debe ser una zona de sacrificio ecológico
Un Salto de Vida, con el acompañamiento de Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro, anunciaron que en rechazo de parte de la población de El Salto a seguir siendo zona de sacrificio, impugnará por la vía judicial la negativa de la Semarnat y continuará exigiendo su derecho a la consulta, tal como lo marcan leyes nacionales y el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú, donde se establece que los pueblos tienen derecho a la consulta sobre las afectaciones que proyectos puedan tener sobre sus territorios y sustentos de vida.
“Todas las personas que están dando la batalla en El Salto tienen herramientas jurídicas, porque se está violando el derecho a un medio ambiente sano, en su vertiente de una garantía efectiva para la participación ciudadana y el acceso a la información”, dijo Nora Cabrera de Nuestro Futuro.
Añadió que debe haber acceso a la participación pública en asuntos ambientales, por lo que al negar la consulta pública, “hay una violación directa y muy clara vinculada con la Constitución y el llamado Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional único en el mundo, que el propio gobierno le ha dado muchísimo peso en los proyectos que son prioritarios para ellos, que deberían de ser también un elemento de peso para los proyectos que afectan el derecho al medio ambiente de las personas”.
De acuerdo con las organizaciones, una central de ciclo combinado no solo significa una permanente afectación a la calidad del aire, sino además un gasto constante de una gran cantidad de agua del acuífero Toluquilla, el más explotado de Jalisco, para la generación de vapor que produciría la electricidad, lo que también contraviene el supuesto esfuerzo de Conagua para regular concesiones en acuíferos sobreexplotados. Ya en febrero del presente, la secretaria Bárcenas había anunciado su preocupación por el uso del agua para la termoeléctrica de Juanacatlán.
OV
