Al menos 18 de 30 países que privatizaron su sistema de pensiones han revertido el proceso porque se ha comprobado que además de ser inconstitucional sólo representa un negocio para el sistema financiero, donde el único perjudicado es el ahorrador, quien termina con deudas en su Sistema de Ahorro para el Retiro.
Durante el foro “Hacia una reforma demócrata del ISSEMyM” que organizó el Partido del Trabajo (PT), especialistas indicaron que bajo estas evidencias el Instituto no puede ir a cuentas individuales ni afores porque está totalmente demostrado su fracaso e inviabilidad a nivel internacional.
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Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialista en políticas públicas y de servicio de salud aplaudió la abrogación de la llamada Ley ISSEMyM y advirtió que insistir en algo parecido no va a dar las pensiones que se necesitan y merecen los trabajadores.
Por cada peso invertido regresan 35 para el sector financiero, pero nada para los ahorradores, es decir, hay muchos recursos que administrar, pero no para pagar a quienes cumplieron satisfactoriamente con sus años de servicio y cotizando al seguro como correspondía.
“El SAR no tiene salida. El sistema no funciona, es mucho, son 3.3 billones de pesos que quieren usar para determinados propósitos como el financiamiento del Tren Maya”.
Dijo que la propuesta es regresar al SAR del 92, porque por más reformas que se hagan no se va a resolver el problema de fondo, sobre todo cuando los ahorradores ya tienen deudas, en lugar de crecimiento en sus cuentas.
La realidad, añadió, es que el sistema para el ahorro del 97 fracaso. Tuvo éxito para acumular fondos pero no para pagar pensiones. Ahora los derecho habientes deben co-pagar servicios que antes se cubrían solo con el seguro.
Lo que deben investigar los legisladores, expresó, es qué actuarios están haciendo los estudios, porque si son los mismos que hicieron la base de la anterior iniciativa de ley, esta nueva propuesta va a tratar de hacer lo mismo y convencer de la inexistencia de otro camino.
En tanto, Samuel Arellano Vázquez, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), quien además es profesor en la UNAM, explicó que el esquema actual es mixto, porque subsiste el sector público y privado, pese a que el sistema privado es inconstitucional y va en contra de lo expresado en los artículos 22 y 25, lo cual resulta suficiente para decir “No al sistema privado”.
Hasta 2014, enunció, sumaban 30 países en el mundo que habían privatizado total o parcialmente sus sistemas, lo cual fue aprobado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, bancos asiáticos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Agencia Internacional de Desarrollo.
"En 2018, de esos países 18 retornaron a su sistema original y reconstruyeron el uso público de las pensiones. Ello después de la crisis financiera mundial entre 2007-2008 y por los inconvenientes del sistema privado que se hicieron evidentes y lo hicieron fracasar".
Indicó que entre las principales evidencias está la disminución de la tasa de cobertura, los altos costos de la transición y de administración donde cinco años de aportaciones son para cubrir estos gastos, por los riesgos de la fluctuación del mercado financiero, las tasas de reemplazo, las pensiones mínimas.
A eso se suman las desigualdades de género, pues el salario promedio de las mujeres es 30 por ciento inferior al de los hombres y la tasa de desempleo el del doble, lo cual no favorece en cuentas individuales, donde agana el sistema financiero y pierde el ahorrador.
MMCF
