La Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) expresó la necesidad de que se firme un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se implementen los llamados “operativos mochila”, es decir, acciones para verificar que los estudiantes solo porten artículos escolares durante las clases y se refuercen programas de prevención de violencia.
Después del caso de una estudiante que lesionó a dos de sus compañeras con un cúter, al parecer por problemas personales, en la secundaria del Centro Escolar José María Morelos y Pavón (CEM), al norte de la capital del estado, el presidente de la AEPF, Alejandro Águila Argüelles, lamentó la actuación de la policía y la forma en que se llevaron a las menores implicadas, situación que se analiza para presentar una denuncia por violación de derechos humanos.
Señaló que, en primer lugar, en el CEM se presentó un asunto de violencia escolar que no se previno porque las primeras investigaciones revelan que las dos menores lesionadas pudieron cometer de forma previa algún tipo de acoso escolar.
“Me da la impresión de que ya la traían, como se dice, mareada a la menor y ella salió a defenderse. Es un tema que no fue atendido, no fue canalizado en tiempo a la Unidad de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), no se les dio atención a las niñas”, comentó.
En entrevista, Águila Argüelles destacó que el problema se agudizó con la presencia de cuerpos policiacos que terminaron por llevarse a las menores, situación que desencadenó posibles violaciones a los derechos humanos.
“Hay una violación grave de los derechos humanos de la menor. No era la forma de tratarla ni mucho menos que interviniera la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la sacara como delincuente de la institución educativa. Ocurrió una violenta acción hacia sus derechos y, sobre todo, la SEP, vía la Dirección de Centros Escolares, permitieron ese tipo de irregularidad”, explicó.
La AEPF está prestando la asesoría a los padres de familia de las menores y “la tendencia va en torno a presentar una queja en contra de quien resulte responsable por lo sucedido en un centro de educación”.
El caso en el CEM es una llamada de atención para que se revisen los protocolos de actuación y se abra la posibilidad de que se realicen operativos mochila en las escuelas para evitar violencia, expresó.
“Tenemos que trabajar en el programa de Escuela para Padres y meternos en valores; y tendremos que hacer un acuerdo con la SEP para implementar el operativo mochila porque tiene que ser un acuerdo con el consentimiento de los padres de familia para que no se violenten los derechos de los tutores ni de los estudiantes”, comentó.
Para Águila Argüelles, es fundamental que el acuerdo para la revisión de mochilas, se establezca en conjunto con los tutores para establecer un calendario y se traduzca en beneficio para toda la comunidad escolar.
“El acuerdo lo tendrá que hacer la SEP con apoyo de la representación de los padres de familia y se pueda aplicar sistemáticamente, se pueda calendarizar y se tiene que hacer un acuerdo en específico y sorpresivo para que cause efectos positivos en caso de que se sepa que se están introduciendo algún tipo de armas que puedan generar un daño mayor a los menores, a los maestros o a los padres de familia”, apuntó.
ARP
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