Después de que se detectara que el Gobierno Municipal de Romita, liderado por el alcalde priista Oswaldo Ponce Granados, permitió que su Administración otorgara contratos de obra pública y servicios relacionados por más de 19 millones de pesos a una empresa donde uno de sus empleados, Rafael Quintanar, figura como apoderado legal, el presidente del comité municipal del PAN en Romita, Miguel Marín, tomó medidas.
El 17 de abril de 2024, Marín presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la denuncia es en contra de quien resulte responsable por estos presuntos actos de corrupción.

Fue el pasado 20 de marzo que a través de una investigación periodística hecha por MILENIO que mostró como entre el 16 de agosto de 2022 y el 18 de diciembre de 2023, y a escasos nueve meses de su creación como empresa, la administración municipal de Romita le adjudicó a la empresa URBE BIOCONSTRUCCION OMEIXTIN, S.A. DE C.V, ocho contratos de obra pública y de servicios relacionados por 19 millones 613 mil 492 pesos y 28 centavos.
De acuerdo a documentos que obran en la Plataforma Nacional de Transparencia, la empresa fue registrada con sede en Salamanca, a pocos días de que arrancó el segundo trienio del PRI en Romita con la ciudadana Diana Castro como principal accionista.
Posteriormente, ella le entregó un poder notarial a Rafel Quintanar para representarla. MILENIO acudió al domicilio de Diana Castro ubicado en León, donde llamó la atención que no corresponde a las características de la vivienda de una empresaría de la construcción que recibe millones en contratos.
Cabe destacar que Rafael Quintanar trabaja en el gobierno municipal de Romita y se desempeña como “Supervisor de Contraloría y Obra” dentro de la dependencia “Obras Públicas".
Esto pese a que la Ley de Obra Pública del Estado de Guanajuato y sus Muncipios prohíbe a los funcionarios públicos participar en contrataciones, para evitar cualquier posible acto de corrupción.