A pesar de que, en Jalisco, desde el mes de septiembre se aprobaron las modalidades de la Ley Olimpia, que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual, para Alejandra Ivet no ha llegado la justicia.
Sentada sobre una banca roja del Parque Revolución, Alejandra Ivet Álvarez cuenta nerviosa su historia, ocurrida en julio de 2020. Usa una blusa blanca, chamarra azul cielo, pantalón oscuro y tenis; su cabello ondulado con toques de rosa. Toma aire. Todo comenzó seis meses después de haber terminado su relación con Noé, que duró un año.
Alguien le envió una liga de un video sexual difundido por una página pornográfica; no le tomó importancia, pero al reproducirlo se dio cuenta que ella era la protagonista. Asegura haber sido grabada sin su consentimiento por su ex pareja.
Aunque acudió al Centro de Justicia para las Mujeres, donde recibió asesoramiento e interpuso una denuncia en enero, el personal que labora en la Fiscalía del Estado no le ofreció la información completa sobre la Ley Olimpia y los pasos a seguir en su investigación, “ha estado así el proceso, entre bastante desinformación de la Fiscalía”, dice, por lo que se asesora con el colectivo Me Cuidan Mis Amigas, “Yo no me pongo a investigar sobre la Ley Olimpia, yo no me resguardo en el colectivo, yo no sé nada, no sé qué sigue”, lamenta.
José Alberto Mora Trujillo, director del área de Delitos contra Mujeres, Niños y Niñas de la Fiscalía del Estado, asegura que el personal sí está capacitado para atender las denuncias que han llegado desde que la ley entró en vigor: “Todo el personal se encuentra con conocimiento de las reformas cada que se realiza una de estas y se baja la información para el personal y se genera el conocimiento de las normas”.
Sin embargo, Alejandra Ivet menciona que al Ministerio Público “se le olvidó” entregarle el citatorio para que los testigos rindieran su declaración, ella tuvo que recordárselo.
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A pesar de que tiene pruebas que señalan a Noé como responsable de la difusión del video, todavía no sabe cuándo podrá presentarlas o si la Policía Cibernética bajó el video en el que se violenta su intimidad. Como el caso de Alejandra Ivet, hay múltiples denuncias en el limbo.
El 3 de septiembre de 2020, Jalisco aprobó las modalidades de la Ley Olimpia, que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual, sin embargo, en noviembre, el Congreso de Jalisco tuvo que aprobar un nuevo artículo para el Código Penal para reincorporar el texto sobre violación a la intimidad sexual, eliminado a una semana de avalar la ley.
Desde su publicación en el Periódico Oficial, las denuncias interpuestas no han avanzado, a pesar de que las autoridades estatales señalaron que retomarían aquellas que no tuvieran validez mientras no estaba en vigor la legislación.
“Lamentablemente, la Fiscalía no cuenta con el personal para darle seguimiento a todas estas denuncias, sí se están tomando, sí se están atendiendo, pero no existe el personal suficiente, porque te reciben la denuncia, pero qué sucede después, cuando la Policía Cibernética tiene que bajar toda la información, cuando se debe realizar la investigación, eso me preocupa porque el seguimiento de que bajen el material está siendo muy lento”, externa la diputada Sofía Mosqueda, quien interpuso la reforma.
Mora Trujillo señala que cada caso es particular y depende de los resultados de los dictámenes, así como de la disponibilidad para declarar que tienen los testigos de la víctima para que se pueda agilizar cada denuncia.
Pero ese no es el único problema que señala Mosqueda. Ya se cumplió el plazo para realizar los protocolos para prevenir y sancionar la violencia digital, por lo que es necesario, de nueva cuenta, solicitar al Congreso estatal que se cumpla la ley, acción que los diputados continúan sin hacer.
Además, la Fiscalía del Estado debe especializar una unidad para que se le diera seguimiento al delito, sin embargo, hasta el momento, no se ha nombrado, reconoce Mora Trujillo, aunque señala que se cuenta con la Unidad Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, donde hay una dirección especializada.
Desde que entró en vigor la Ley Olimpia, se presentaron 76 denuncias por ciberacoso y 58 por violación a la intimidad sexual, de las cuales, diez del primer delito y 17 del segundo fueron interpuestas este año. Ningún caso se ha judicializado.
Apoya colectiva
Alejandra Ivet es uno de los 379 casos en materia de violencia de género que fueron acompañados en 2020 por el colectivo feminista Me Cuidan Mis Amigas, de las cuales 39 presentaron una denuncia formal por violencia cibernética, sin embargo, existe una cifra negra de las mujeres que deciden no iniciar con el proceso de denuncia, y quienes sí lo hacen no la tienen fácil.
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Al verse la promesa de justicia lejana, ocurre una decepción del proceso jurídico, señala Verónica Santiago, miembro del colectivo.
“Una de las inconsistencias son los procesos largos y burocráticos como de ‘te doy cita en 15, 20 días o un mes para que te hagan el examen psicológico, para que puedas entregar las pruebas, etcétera’. Se entiende también que jurídicamente se debe entregar un nombre completo del agresor, pero hay veces que, si el agresor no lo hizo desde un perfil real o un nombre con el que la policía o el MP puedan investigar, toman la denuncia, pero no procede y una carpeta de investigación debe contar con ciertos elementos para que sea procedente y hablando de violencia digital pues no se tiene ese requisito porque son agresiones que se hacen en perfiles que se perpetuán en redes sociales”, explicó.
Considera que se debería trabajar en ver cómo el Ministerio Público está haciendo su trabajo y en la creación de las unidades especializadas para violencia digital; así como garantizar que los procesos se aceleraren y se deje la burocracia. Pidió que se centren en la víctima y que el acompañamiento psicológico sea adecuado, sin revictimizar y con un lenguaje no técnico.
En Jalisco, este delito contempla sanciones como multas que van desde los 80 mil hasta los 170 mil pesos, así como de uno a ocho años de prisión para el victimario. Aunque Alejandra Ivet no ha tenido confrontamiento directo con su agresor, en los últimos meses asegura que ha utilizado a terceras personas para intimidarla e incluso a través de las redes sociales la ha difamado, para negar su responsabilidad.
Desde que interpuso su denuncia, su vida ha cambiado completamente, tuvo que cambiar de domicilio y teme ser agredida en la vía pública por su ex pareja, a pesar de que cuenta con una medida de protección.
Santiago agrega que, de los casos que han acompañado, el de Alejandra podría ser el único en el estado que, hasta el momento, cumple con todos los elementos para que su caso se logre judicializar. Falta que avance.
MC
