Las instituciones y colegios de carácter privado enfrentan un panorama complicado ante la emergencia sanitaria que podría desencadenar una caída de 15 por ciento de la matrícula para el próximo ciclo escolar; y además por la Ley de Educación del Estado de Puebla que podría propiciar en un futuro cercano, el cierre de entre 20 y 40 por ciento de los planteles.
De acuerdo con análisis realizado por el rector de la Universidad Madero (Umad), Job César Romero Reyes, durante la presentación de la iniciativa “Unidos por la Educación. Organismos, Asociaciones e Instituciones Particulares de Educación”, en Puebla operan tres mil 657 instituciones de carácter privado que atienden a más de 321 mil alumnos desde nivel básico hasta superior, de los cuales 40 por ciento provienen de otros estados.
Las instituciones educativas se colocan como la cuarta fuerza económica de la entidad, solo después de la industria, el comercio y el turismo; y, al mismo tiempo, conforman al cuarto empleador por las fuentes laborales que se generan.
Comentó que la emergencia sanitaria por el coronavirus podría traducirse en una reducción de 15 por ciento de la matrícula escolar en instituciones privadas para el próximo ciclo escolar; sin embargo, variará en cada plantel.
“Hemos estado haciendo una planeación para el regreso. Será un regreso escalonado. Habrá clases que sean todavía a distancia y presenciales; habrá la oportunidad para los padres de familia que quieran que sus hijos se queden en casa y atenderemos a quienes lleguen a las instalaciones educativas. Todo será, de acuerdo, a lo que nos indiquen las autoridades. Estaremos atentos porque con un solo enfermo se cerrará todo el plantel”, apuntó.
Durante una reunión virtual en la que se presentó la iniciativa “Unidos por la Educación”, Romero Reyes destacó que la Ley de Educación que aprobó el Congreso del estado puede provocar que entre 20 y 40 por ciento de las instituciones privadas opten por dejar de operar.
Señaló que el cierre de instituciones privadas, en particular las que cuentan con un menor número de estudiantes, se puede presentar ante las acciones que podría implementar la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que la ley de Educación abre la posibilidad de aplicar multas por diferentes razones.
“Muchas escuelas privadas viven al día. Sus ingresos apenas les permiten pagar sus gastos. Siempre es un momento de tensión cuando las familias se atrasan en sus pagos o cuando termina el año y no pueden completarlo. Ahora, la nueva ley establece que se van a regresar los papeles y se aplicarán sanciones muy altas a los colegios particulares, seguramente, una buena cantidad de padres de familia no pagarán y esas escuelas no tendrán lo suficiente para salir con sus gastos. Al no tener los recursos, las escuelas no podrán operar”, explicó.
Romero Reyes señaló que la operación de las instituciones privadas beneficia a un amplio sector de la economía local porque se traduce en una derrama económica en diferentes áreas como comercio y servicios.
mpl / lee
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