La aprobación del artículo transitorio que extiende por dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), reduce la credibilidad en los legisladores federales porque se rebana los límites de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el punto anterior coincidieron, por separado, académicos e investigadores del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).
En un posicionamiento firmado por el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, se critica que la votación mayoritaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, empaña la reforma de gran calado que busca desterrar del Pode Judicial las prácticas de corrupción y nepotismo; además, rebasa los límites constitucionales.
El OPSCD de la Ibero prueba reprobó la aprobación realizada en el poder legislativo y exigió a los representantes populares a que se apeguen a los límites del pacto fundamental que representa la Constitución Mexicana, en cuidado de la independencia, de las instituciones y la separación de los poderes.
“No sólo empaña una reforma de gran calado que busca desterrar del Poder Judicial prácticas de corrupción y nepotismo, y acerca la justicia a la sociedad, sino que rebasa abiertamente, los límites constitucionales con criterios personales y mina aún más la credibilidad de este poder, violando los derechos de supremacía constitucional, independencia, irretroactividad y seguridad jurídica”, destaca la postura del OPSCD de la Ibero Puebla.
Por su parte, Matías Rivero Marines, catedrático de la Facultad de Derecho de la Upaep, destacó que la prórroga de la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la SNJN, desde el punto de vista constitucional es un hecho grave.
“Le tenemos que dar la justa dimensión a este caso, ya que se viola el espíritu del Poder Judicial de la Federación de que su presidente deba durar cuatro años y deba seleccionarse entre los propios ministros; además de violarse el artículo 97 de la Constitución Mexicana”.
Este escenario en donde la prórroga en el cargo del magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es ilegal y anticonstitucional, el Consejo de la Judicatura corre el riesgo de convertirse en “un brazo de la extensión del ejecutivo para controlar las determinaciones de los jueces que puedan otorgar suspensiones contra las iniciativas del propio presidente de la república”, explicó el investigador de la Upaep.
mpl
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