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Comité Ciudadano reprueba a los 18 magistrados de Peña

Junto con el Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, el Comité advirtió que la propuesta carece de transparencia y señaló que no queda claro cómo el presidente llegó a esos perfiles. 

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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y el Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas reprobaron la propuesta que presentó el martes el presidente Enrique Peña Nieto con 18 aspirantes para ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La designación de los 18 magistrados por parte del presidente de la República, y sometidos a la ratificación del Senado, no fue producto de un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo", explicó el comité en un comunicado.

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Por su parte, el consejo asesor de la RRC manifestó que "preocupa la falta de una motivación clara de cómo se llegó a esta lista y cuál es la razón para incluir estos perfiles. Los requisitos de imparcialidad y capacidad no podrán alcanzarse si estos jueces son ratificados con prisas, sin previa discusión pública y sin criterios básicos de rendición de cuentas que garanticen que los designados cuentan con la trayectoria, especialidad y capacidad para ejercer estas funciones".

Para el CPC, encabezado por Jacqueline Peschard, la propuesta "queda a deber a los mexicanos y deja mucho que desear en la construcción de las instituciones que se requieren como cimiento para acabar con uno de los flagelos que más afectan el desarrollo de México".

El martes Peña Nieto envió al Senado de la República la lista de 18 aspirantes propuestos para ser magistrados anticorrupción, tres para la Tercera Sección de la Sala Superior y 15 para las cinco Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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El Comité de Participación Ciudadana explicó que los 18 magistrados especializados tendrán la tarea de sancionar las faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares, y en este sentido "se constituyen en uno de los componentes clave del combate a la impunidad que ha dañado la vida institucional, social y política del país".

Por ello, deben ser "personas de absoluta probidad, con las capacidades técnicas, jurídicas y éticas necesarias para llevar a buen puerto las tareas que demanda la Constitución federal y la sociedad en su conjunto".

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Sin embargo, en consideración del Comité, las propuestas no reúnen esas características, por lo que sus integrantes pidieron "corregir el camino y construir un proceso adecuado, que permita el debate abierto sobre los perfiles idóneos de los magistrados".




SBG

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