Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado avalaron, con 32 votos de Morena, PT y Verde, así como 12 en contra de MC, PAN y PRI, el dictamen de la iniciativa de reforma en materia de Ley de Amparo con cambios significativos al documento enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que, derivado de las audiencias públicas realizadas, se hicieron algunos ajustes, como los alcances del interés legítimo y reconocer que pueda ser individual o colectivo o el cumplimiento de sentencias, a fin de otorgar mayor certeza jurídica, homologar plazos y garantizar un acceso efectivo a la justicia.
“Realmente encontramos un eco y una disposición extraordinaria de voluntad política para reconocer en ese ejercicio que se habían integrado nuevos elementos al análisis de la iniciativa y por lo tanto se realizaron distintos cambios y modificaciones”, señaló Corral Jurado.
Resaltó que las audiencias públicas significaron un ejercicio para escuchar voces diversas que enriquecieron el dictamen; “nos aseguramos de que estuvieran presentes todas las visiones sobre el amparo”.
¿Qué cambios realizaron en la iniciativa?
Con los cambios, se establecen plazos precisos de audiencias para evitar alargar casos judiciales y desechar recusaciones que tengan como intención dilatar procesos. Respecto al Código Fiscal, se añaden supuestos de revocación para evitar reabrir litigios de manera indebida.
Se añaden cambios para evitar que se promuevan juicios sobre actos resueltos en manera definitiva o que los tribunales destinen recursos de manera innecesaria.
Se precisan los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes. Únicamente podrán constituirse mediante billete de depósito emitido por una institución autorizada o carta de crédito expedida por instituciones avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas ante el SAT.
El dictamen que será llevado al pleno establece un ajuste para la ampliación de plazos procesales, y el término para que los jueces dicten sentencia en amparo indirecto pasó de 60 a 90 días naturales, en congruencia con la jurisprudencia de la Suprema Corte.
En suspensiones derivadas de procesos penales que afecten la libertad personal, se amplió de tres a cinco días el plazo para que las personas quejosas exhiban la garantía correspondiente, considerando las dificultades que enfrentan sectores vulnerables para tramitar fianzas o billetes de depósito.
Elimina disposiciones que limitaban la imposición de multas y sanciones penales a autoridades responsables de incumplir suspensiones o sentencias de amparo, con el propósito de mantener vigente la normativa actual y no debilitar los mecanismos de cumplimiento.
Oposición advierte regresión y adelanta voto en contra
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, dijo que esta reforma es una enorme regresión y advirtió que la mayoría legislativa “va a de un plumazo a echar abajo los avances que se tuvieron con la reforma constitucional justo en materia de derechos humanos de 2011 y la Ley de Amparo de 2013”, por lo que adelantó que su bancada votará en contra.
La priista Claudia Anaya también adelantó el voto en contra de su bancada, pues señaló que se trata de una reforma regresiva y apuntó que “habla del nuevo modelo, un gobierno que deja a los ciudadanos con muchos menos mecanismos de defensa”.
Guadalupe Murguía, del PAN, sostuvo que la reforma que se propone “rompe con el principio esencial del amparo, que es poner un alto al abuso de poder, y es una reforma que atenta contra la progresividad de los derechos humanos contenido en la Constitución”.
El dictamen será llevado en las próximas horas al pleno para ser aprobado con los votos de la mayoría legislativa de Morena, PT y Verde.
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