La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas aprobó el calendario y programa de trabajo, para recibir las solicitudes de los partidos políticos y que las autoridades rastreen vínculos delictivos en sus posibles abanderados a más de 20 mil cargos, previo al arranque de precampañas y antes del registro de candidaturas.
El calendario aprobado en sesión privada y que se someterá al Consejo General establece, además de la primera sesión del pasado 30 de septiembre, una segunda el 15 de diciembre antes de que inicien las precampañas locales y federales, y otra más el 15 de marzo, previo al registro de candidaturas y antes del arranque de campañas. Y considera una tercera 'fecha de ejecución', luego de la jornada electoral el 15 de junio.
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El calendario del proceso electoral federal aprobado por el INE señala que las precampañas serán del 4 de enero al 12 de febrero y las campañas del 4 de abril al 2 de junio, la mayoría de las entidades se homologaron con estas fechas y otros estados en días similares. Por lo que, el calendario de la Comisión de Verificación busca acoplarse también a estos tiempos.
El plan de trabajo establece 20 mil 61 cargos susceptibles de verificación: aspirantes a las 300 diputaciones federales de mayoría relativa y a las 200 de representación proporcional; a las 17 gubernaturas, a las mil 98 diputaciones locales, a las 19 mil nueve ayuntamientos y alcaldías que incluye presidencias, alcaldías, sindicaturas, regidurías y concejales; y a los 437 cargos auxiliares locales.
En las fechas previstas en el calendario, la Comisión recibirá las solicitudes, las remitirá a las instancias competentes “a fin de que determinen la existencia o no de un riesgo razonable sobre posibles actividades delictivas”, recibirá la información y la notificará a los partidos políticos “el número y las instancias competentes que, en su caso, haya identificado la existencia de un riesgo razonable”.
Es decir, el informe que entregue el INE a cada partido o aspirante independiente, señalará concretamente, si el riesgo que encontraron es, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera que alerte manejos irregulares vinculados con lavado de dinero; del SAT que implique asuntos fiscales; de la Fiscalía General de la República que involucre investigaciones por asuntos penales.
Sin embargo, vuelve a recalcar que estas investigaciones no tendrán ningún efecto en la elegibilidad de las candidaturas, pues dependerá absolutamente de los partidos la postulación de esos perfiles, y sin que los riesgos detectados se hagan públicos.
“Las comunicaciones, informes, opiniones o documentos emitidos tendrán un carácter exclusivamente técnico e informativo, por lo que no producirán efectos sobre la elegibilidad de alguna candidatura o incidirán en los derechos político-electorales ni surtirán fines distintos a los previstos en los artículos 200 Bis, 200 Ter y 200 Quáter de la LGIPE; además de que, salvaguardando la presunción de inocencia, ningún pronunciamiento o dictamen implicará juzgar sobre responsabilidades penales, administrativas, civiles, financieras o de otra índole, ni podrá emplearse como indicio o prueba de culpabilidad.
“Finalmente, el tratamiento de los datos se limitará estrictamente a los requeridos para la evaluación de riesgo razonable bajo criterios de minimización, finalidad y proporcionalidad, asegurando el pleno respeto a las competencias institucionales para que cada instancia intervenga dentro de sus atribuciones legales sin sustituir, interferir o menoscabar las de los demás organismos competentes”, indica el proyecto que se someterá a consideración del Consejo General.
El documento votado en privado, también establece que tanto los aspirantes por parte de partidos políticos como los independientes deberán contar con los consentimiento específicos que autorice al INE “su función ejecutoria” de solicitar a las autoridades federales el inicio de dicha investigación.
“Dichos procedimientos y actuaciones se desarrollarán observando en todo momento que la participación de las personas sujetas a revisión y de los Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Locales y Candidaturas Independientes se sustente en el consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco, garantizando el trato confidencial de toda la información obtenida, generada o resguardada conforme a la normativa en materia de transparencia y protección de datos personales”.
Prevé un plan de contingencias y ajustes en caso de que conforme avance el proceso electoral se tengan situaciones concretas que requieran modificar el calendario previsto.
MILENIO publicó que, hasta ahora, los partidos de oposición PRI, Somos y PAN no prevén participar en esta comisión por considerarla “una trampa para la persecución”, mientras que Movimiento Ciudadano mantiene la puerta abierta para revisiones específicas.
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