En el marco de la octava semana global por la seguridad vial de Naciones Unidas, la 'Coalición Movilidad Segura' llevó a cabo una conferencia de prensa en donde hicieron un llamado a los 11 congresos locales aún no han cumplido con la armonización de sus leyes estatales para estar acordes a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, esto con el objetivo de garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Las entidades que aún no han atendido esta armonización son: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, cuyos congresos aseguró la Coalición, tienen un atraso de más de dos años.
“La armonización legislativa no es un trámite burocrático; es la base para que todos los órdenes de gobierno asuman con responsabilidad la construcción de entornos seguros para la vida. Mientras las leyes estatales no incluyan los 57 elementos clave de seguridad vial previstos en la Ley General, seguirá existiendo un vacío que permite omisiones y deja en la indefensión a millones de personas” señaló Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx.
Por su parte, Valentina Ochoa de Global Health Advocacy Incubator, habló sobre el aumento en el uso de la motocicleta en todo el país al igual que los siniestros viales que afectan a sus usuarios, lo que se está convirtiendo en una crisis de salud pública en México, tanto en zonas urbanas como rurales.
“Este fenómeno, que ya impacta de manera directa en los sistemas de salud, en las familias y en la economía del país, se está profundizando sobre vacíos legales, limitaciones institucionales y omisiones gubernamentales que han sido toleradas por años. Es urgente que se atienda a este problema desde la regulación y de forma integral”, enfatizó.
En este sentido de parte de la Coalición también señalaron la importancia de que haya una participación activa por parte de las autoridades estatales y federales, la cual se debe traducir en política pública, recursos y un programa integral en materia de movilidad que además de atender el tema de los siniestros viales, también lleve a cabo labores de prevención como la regulación de vehículos, seguimiento de atención en normas de cascos y verificación en la seguridad de los autos.
“El uso de vehículos de micromovilidad, como bicicletas y monopatines eléctricos, ha crecido de forma significativa en zonas urbanas y periféricas. Sin embargo, esta transformación en la movilidad enfrenta una falta de regulación clara, lo que expone a quienes se desplazan de esta forma y a los usuarios de la vía a riesgos innecesarios. Es momento de establecer un marco normativo que reconozca, regule y proteja estos modos de transporte, priorizando la equidad territorial y la movilidad del cuidado” sostuvo Areli Carreón de Bicitekas, A.C.
Por último, durante su intervención Stephan Brodziak de El Poder del Consumidor dijo que, si bien el transporte público es una herramienta esencial para garantizar el acceso a derechos como la educación, la salud y el trabajo, en muchas entidades los vehículos que prestan este servicio circulan sin cumplir con estándares mínimos de seguridad estipulados en la NOM-194, en algunos casos cuentan con frenos deficientes, cinturones inexistentes, así como unidades obsoletas.
En este sentido mencionaron que, si bien todas estas acciones no garantizarán que de manera inmediata dejen de producirse siniestros viales, esto si abonará a que a largo plazo haya una reducción de estos hechos y una mayor conciencia vial.
MSS
