La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló como prioritario que el Estado mexicano adopte medidas para compatibilizar el derecho de acceso a la información en relación con los aspectos de interés público sobre el caso Ayotzinapa, sin que estas expectativas “se transformen en actos de obstrucción de la justicia a partir de información sensible, y protegiendo la integridad de la investigación”.
En su informe 2021, la CIDH dio seguimiento a las recomendaciones emitidas en 2015 a México en el caso particular de la desaparición forzada de los 43 normalistas, señalando que, aunque el Estado ha procurado el flujo de información logrando el acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera fase de la investigación y cumpliendo algunos requerimientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para acceder a documentos e información, aún falta profundizar las líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, incluyendo a las víctimas en las acciones orientadas a la determinación de la justicia.
La comisión detalló que, a partir de las conversaciones entre mandos policiales y criminales ligadas a la desaparición de los 43 estudiantes, reveladas por el gobierno federal, se iniciaron actos de investigación respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer el origen y mayores datos de los documentos divulgados que podrían llevar al establecimiento de responsabilidades penales y a la determinación del paradero de los estudiantes desaparecidos.
Por ello, exhortó a las autoridades desplegar el máximo de sus esfuerzos para asegurar la ejecución de las órdenes de aprehensión, en especial sobre la vinculación de funcionarios militares en la investigación del caso, y continuar adelantando las investigaciones y judicializaciones por el delito de desaparición forzada.
LP
