Al menos 25 personas defensoras de los derechos humanos ambientales perdieron la vida a causa de su labor el año pasado, con lo que del año 2000 a 2024, suman 123 defensores ambientales asesinados, arrojó un nuevo informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“Desde el 2020 al 2024, 123 defensores ambientales perdieron la vida, algo que para nosotros es inaceptable e insostenible. Las víctimas principales de estos ataques fueron nuevamente los pueblos y comunidades indígenas, ya que el 45 por ciento de las agresiones se ejercieron en su contra”, señaló Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Cemda.
Al presentar los resultados del “11° Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, destacó que el 2024”, se posicionó como uno de los más letales.
En 2024 se documentaron 21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales. El total de agresiones letales es, entonces, para ese año de 25, cifra que, junto con el año 2021, se coloca como la segunda más alta de los últimos 10 años. Las cifras de agresiones letales documentadas durante el 2024 sólo han sido superadas en el año 2017, cuando se registraron 29 víctimas de agresiones letales.
Alanís destacó que en 2024, se registraron 94 eventos de agresión, con 236 agresiones específicas en contra de personas defensoras del medio ambiente –para efectos metodológicos, en un mismo evento de agresión pueden cometerse distintas agresiones específicas–.
Dijo que si bien durante el 2024 disminuyó el número total de agresiones en contra de las personas y comunidades defensoras del ambiente en México, el número de asesinatos se incrementó, al pasar de 20 víctimas en 2023 a 25 en 2024.
En los últimos 10 años, Cemda ha documentado 189 agresiones letales en contra de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio; sus datos son similares a los reportados por la organización internacional Global Witness, que coloca a México en el cuarto lugar en el mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente.
En el mismo sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que, entre 2019 y 2023, 138 personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de asesinato en el país.
El director del Cemda, hizo un llamado al gobierno mexicano, a garantizar la protección de los defensores ambientales, cumpliendo con el Acuerdo de Escazú.
“A garantizar con recursos financieros, materiales y humanos suficientes que el Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación funcione apropiadamente y se garantice un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México es signatario”.
Durante su participación en la presentación del informe, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrell, reconoció que los datos son “especialmente graves si consideramos que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
“Hoy, en la Profepa hemos puesto en el centro de nuestros objetivos, no solo acompañar esta lucha, si no trabajar para que en México las personas defensoras encuentren una respuesta pronta a sus peticiones de parte de la autoridad ambiental y eliminar los riesgos a través de la atención temprana de las problemáticas ambientales y sus demandas”.
Aseguró que la dependencia está trabajando para que ningún interés se apodere de los territorios comunitarios atropellando sus derechos y en contra de su voluntad y consentimiento. “La única manera para garantizar la seguridad de las personas defensoras en nuestro país es que asumamos con toda responsabilidad nuestro papel de autoridad de procuración de justicia ambiental y defendamos esos derechos”, subrayó.
Además, la procuradora aseguró que en el gobierno mexicano, “buscamos no solo construir políticas públicas y resolver las crisis con la participación no solo de las comunidades, sino también avanzar en la implementación de los compromisos a los que México está obligado constitucionalmente y por ser país parte del Acuerdo de Escazú”, dijo la Procuradora.
¿Quiénes son las víctimas principales?
Las personas defensoras que más sufrieron agresiones durante 2024 pertenecen a una comunidad, ya sea indígena o campesina. Respecto de los sectores más letales para la defensa del medio ambiente y el territorio en 2024 se encuentran la minería –11 víctimas–, el forestal –5 víctimas– y el agropecuario –3 víctimas.
El informe destaca que nuevamente, el principal agente agresor fue el Estado, con una participación en 62 eventos de agresión, de un total de 94. Esto equivale al 65.9% del total de agresiones. Este porcentaje se incrementó drásticamente, considerando que en el año 2023 fue del 49.5 por ciento. Resalta también el incremento en el número de agresiones en las que participaron empresas privadas y grupos de la delincuencia organizada, con participación en un total de 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente.
De las víctimas contabilizadas en el informe, 91 corresponden al sexo masculino y 55 al sexo y género femenino. En cuanto al resto de víctimas, no fue posible determinar el sexo de la víctima debido a la falta de disponibilidad de información personal de la víctima en las fuentes consultadas.
“La criminalización es una de las formas en que más se agrede a las personas y se coloca como un mecanismo para obstaculizar o impedir la labor de defensa de los derechos humanos ambientales”, resaltó el fundador del Cemda,
El informe detalla que entre los tipos de agresión que se documentaron durante 2024 se encuentran: intimidación –27–, hostigamiento –23–, homicidio –21–, estigmatización –20–, criminalización –20– y difamación –19–. Muchos de estos casos están relacionados con la represión al ejercicio del derecho a la protesta en asuntos ambientales. Con relación a las agresiones graves cometidas en contra de personas defensoras del medio ambiente y el territorio, durante el 2024 se documentaron 4 casos de desaparición.
En cuanto a las agresiones por entidad federativa, encabezan la lista Oaxaca: 15 víctimas, Chiapas: 9, Michoacán: 9, Puebla: 9, y Veracruz; 8. En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados, lo cual equivale al 53.1%. En estos mismos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236 documentadas, lo cual representa el 53.8%.
Otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo: 7, Ciudad de México: 7, Sonora: 5 y Baja California Sur: 5.
“Llama la atención el caso de Baja California Sur pues, en los últimos diez años únicamente se habían contabilizado 6 eventos de agresión, mientras que tan solo en 12 meses casi se alcanzó dicha cifra”.
LG
