El presidente municipal de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, emanado de Morena, acudió este viernes a la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), luego que el Congreso local solicitó que autoridades indaguen supuesta violencia política en razón de género contra regidoras de dicho ayuntamiento, como parte de un exhorto de la diputada de Nueva Alianza Mónica Leanett Reyes Martínez, quien a su vez dijo que iniciaría un juicio político contra el edil.
Durante entrevista fuera de las instalaciones del organismo autónomo, el presidente municipal llamó al diálogo a todos los actores y agregó que acudió a la CDHEH para aclarar los señalamientos que realizó la diputada durante la pasada sesión.
Luego que la legisladora de Nueva Alianza anunció la solicitud de juicio político contra el alcalde, que hasta el momento no ha concretado, Montaño Rodríguez respondió que no hay ningún rompimiento con dicho partido político, el cual anteriormente se alió con Morena para ganar la presidencia municipal de Epazoyucan, como parte de una estrategia electoral estatal.
“Sigo abierto al diálogo; sin embargo, no hemos tenido ninguna plática hasta el momento”, declaró y consideró que la controversia tiene tintes políticos.
¿Que pasó?
La legisladora de Nueva Alianza solicitó en sesión pública del 17 de junio investigar posible nepotismo, corrupción y desobediencia a los acuerdos del cabildo de Epazoyucan. El exhorto fue aprobado por el pleno ese mismo día.
Por tanto, los legisladores piden a la Secretaría de Contraloría investigar las denuncias, solicitan a la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) dar prioridad a la revisión propuesta por los regidores del ayuntamiento, recomiendan al Tribunal de Justicia Administrativa emitir un pronunciamiento preventivo y a la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) medidas cautelares en favor de las regidoras para que ejerzan su función sin amenazas y represalias.
En dicha ocasión, Reyes Martínez detalló la existencia de una denuncia formal radicada con la causa penal 916/2025 interpuesta por una regidora, quien señala al alcalde de violencia política de género. Agregó que no pudo asistir a la toma de protesta como integrante del cabildo debido a que estaba dando a luz a su hijo.
Incluso, agregó la legisladora, el alcalde se había negado a tomar protesta a la regidora.
La diputada también lo señaló de emitir comentarios que descalifican y discriminan a las regidoras, al señalarlas de no ser fieles al proyecto de la cuarta transformación y las responsabiliza del rezago municipal.
“El enojo real del presidente municipal contra los regidores es porque existen diversas denuncias documentadas sobre presuntos asuntos de corrupción y nepotismo tales como la contratación de personal con vínculo familiar directo con la contralora municipal sin que dicha persona se presente a trabajar”, dijo la legisladora.
La diputada acusó la designación de la dirección de Obras Públicas a un familiar del presidente municipal con antecedentes penales por desvíos de recursos públicos, lo cual podría constituir una falta administrativa grave.
Señaló irregularidades en nómina y plantilla de personal con nombres inexistentes o personas que no acuden a laborar detectadas mediante comprobantes fiscales digitales, alteración de bitácoras de combustible, eventos públicos con sobrecostos, adquisición de pipas de agua a precios inflados y omisión de obligaciones fiscales ante Hacienda por manejo de recursos federales
Mencionó supuestos testimonios de directores municipales quienes fueron presionados para no hablar con los auditores estatales, lo cual podría constituir un delito en términos del Código Penal del estado.
La diputada dijo que dos regidoras provenientes del sector educativo han sido objeto de actos de presión, hostigamiento e intimidación al ser amenazadas con afectar su estabilidad laboral, como represalia por el ejercicio de sus funciones y su postura crítica dentro del cabildo.
