El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reside libre y abiertamente en Estados Unidos, y su caso no deriva de acusaciones de narcotráfico o protección institucional al crimen organizado, sino por la compraventa de un departamento y un cajón de estacionamiento adquirido en 2019, señaló este martes su defensa en una carta pública.
Luego de que el gobierno mexicano recurriera al exgobernador para responder ante Estados Unidos por señalamientos formulados en contra de otros actores políticos, los abogados defensores Javier Coello Zuarth, de Coello Trejo, y Juan P. Morillo, de Quinn Emanuel Urquhart, cuestionaron que el gobierno mexicano “utilice y continúe contaminando públicamente el proceso legal para fines políticos contrarios a la correcta administración de justicia”.
En su carta destacan: “El caso promovido en México contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca no deriva de acusaciones de narcotráfico o protección institucional al crimen organizado, como sí ocurre con los graves cuestionamientos en contra de los otros actores políticos.
“Se origina en la compraventa privada y lícita de un departamento y un cajón de estacionamiento en 2019, operación que fue artificialmente transformada por las autoridades en sucesivas hipótesis penales, incluyendo imputaciones por delincuencia organizada, incluso después de que pruebas documentales, financieras y testimoniales acreditaran plenamente la legalidad de dicha operación”.
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En este sentido, se menciona que García Cabeza de Vaca “reside libre y abiertamente en Estados Unidos de América”, y señala: “Desde hace más de seis años ha presentado denuncias ante autoridades competentes en México y en los Estados Unidos sobre hechos de corrupción y delincuencia organizada”, y cita el fraude fiscal con combustible, conocido como “huachicol fiscal”.
“Incluso, la persecución política iniciada en su contra se intensificó después de que el ex Gobernador hiciera señalamientos públicos sobre redes de corrupción y estructuras criminales con protección política en México”, agrega el comunicado.
Finalmente, se manifiesta que la defensa “continuará ejerciendo todas las acciones legales necesarias en México y en el extranjero para proteger sus derechos, su presunción de inocencia y evitar el uso político de mecanismos de cooperación judicial internacional”.
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