El fiscal Ernesto Canales Santos dio a conocer que solicitará la vinculación a cuatro ex funcionarios más de la administración de Rodrigo Medina Cruz por presuntos actos de corrupción a partir de la próxima semana.
Abordado al salir de la oficina de la Secretaría General de Gobierno en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal informó además que ocho compañías establecidas formalmente y otras “fantasmas” aplicarán el mismo proceso de denuncias.
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Indicó que uno de los nuevos temas será el de la Secretaría de Educación, pero no adelantó más.
“Pronto, la semana que entra, habremos presentado algunas de las denuncias que hemos recibido ya para vinculación, se van a presentar cuatro, sí (relacionadas a ex funcionarios), lo importante es que seguimos integrando las carpetas y los asuntos que están vinculados litigando.
“Y queda claro que ya en Nuevo León no están impunes los casos de corrupción, algunos temas son nuevos, temas de Educación no son nuevos porque estuvieron identificados desde la entrega de Gobierno, pero son nuevos porque las investigaciones han avanzado, se está deshaciendo la bandeja de complicidades que observamos en el Gobierno anterior y que algunas continuaron en ciertas prácticas en el actual Gobierno”, dijo.
Canales Santos señaló que continúan con la averiguación también a empresas formalmente establecidas y “hechizas”.
“Son como ocho casos de empresas que se conocerán para enero”, manifestó el subprocurador Anticorrupción estatal.
¿Son empresas establecidas o “fantasmas”?, se le cuestionó.
“Hay de todas, y atrás de los ‘fantasmas’ hay alguien”, indicó.
En cuanto a los casos diferidos, recordó que tres de ellos serán vueltos a ser vinculados, aunque no hay ningún elemento nuevo, uno relacionado al ex gobernador Medina, luego de mantenerse acciones dilatorias por parte de la defensa de los acusados.
“Seguramente la defensa está esperando a que el Congreso designe a un nuevo fiscal a modo y que estas instancias no se lleven de manera como lo estamos haciendo nosotros”, dijo.
Canales Santos indicó que se corre el riesgo de que la audiencia programada para el ex mandatario se vuelva a reprogramar por estas instancias interlocutorias de proceso, apelaciones y amparos.
