Por instrucciones del pleno, las comisiones del Congreso del Estado de México analizaran reformas a la Ley Orgánica Municipal y el Código Penal de la entidad para castigar con hasta 12 años de prisión a quien creme, sepulte o destruya cadáveres o restos humanos no identificados por considerar que esto destruye la posibilidad de encontrar a personas desaparecidas y hacerles justicia a las madres buscadoras.
Buscan frenar desaparición de cuerpos en crematorios y funerarias
La iniciativa de la diputada Johana Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, señala que desafortunadamente muchas personas desaparecidas ya no se podrán encontrar debido a que los cuerpos han sido incinerados, destruidos o desintegrados con la intención dolosa de eliminar cualquier rastro, en complicidad con quienes se encargan de las funerarias, panteones o crematorios, por lo cual el Estado tiene la obligación de regular y evitar que estos lugares sean utilizados para desaparecer y hacer cenizas las esperanzas de las familias.
Para ello planteó la necesidad de modificar diversos artículos del Código Penal para agregar que a quién realice u ordene cremar, ocultar, destruir, mutilar, sepultar o exhumar un cadáver, feto o parte los restos humanos de una persona no identificada, se le impongan de 6 a 12 años de prisión y de 150 a 300 días de multa,
También propone que los municipios presten el servicio de cremación y servicios funerarios, comprendiendo la inhumación, exhumación y renovación, además de los servicios funerarios que comprende el velatorio, traslado, ataúdes y liberación del cuerpo, para tener un control minucioso de los cuerpos y asegurarse que ningún cadáver o resto humano sea de una persona identificada sea destruido para ocultar algún hecho ilícito.
Esto, bajo el argumento de que los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no haya sido reclamado no puede ser incinerado, destruido o desintegrado, ni disponerse de sus pertenencias.
Desapariciones durante 2026
La legisladora señala que en el país existe un registro, con corte al 30 de abril de este año, de 133 mil 563 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 14 mil 665 son del Estado de México, lo cual representa 11 por ciento del gran total.
Lo preocupante, dijo, es que la mayor cifra se encuentra en mujeres en el rango de 15 a 19 años, las cuales pueden ser víctimas de trata y explotación sexual u otros delitos.
Tan sólo en los primeros cinco meses de este año, Tultitlán y Ecatepec tienen el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, con ocho asuntos en cada caso, seguido de los municipios de Texcoco, con siete; Nezahualcóyotl, seis; Toluca y Naucalpan, cinco, cada uno; por lo que estos seis municipios serían los de mayor incidencia en la entidad y tienen 57 por ciento del total de la entidad.
También hace referencia que en el país se han encontrado más de 4 mil 500 fosas con más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, de los cuales 72 mil son no identificados.
Pero también hay muchos cuerpos en panteones, cementerios, servicios funerarios, crematorios y fosas comunes, tanto de instituciones públicas como privadas, por lo que es urgente regular sus servicios, previendo la entrada de cuerpos sin autorización de las autoridades competentes y evitando se incinere, sepulte y desintegre o destruya total o parcialmente los restos de un ser humano o un cadáver de una persona no identificada.
Las cifras, dijo la diputada Johana Felipe, no deben ser minimizadas por las autoridades, tiene que aceptarse la realidad del país para implementar soluciones verdaderas, porque la negativa constante contrasta con las exigencias de las madres buscadoras y de los casos que a diario se repiten.
kr
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