Pese a los cuestionamientos de PAN, PRI y MC por considerarlo un pretexto para invalidar arbitrariamente triunfos electorales de la oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 28 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones el proyecto de reforma para establecer como causal de nulidad de elecciones la “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros para influir en las preferencias o resultados electorales”.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para su discusión y aprobación en el pleno en sesión extraordinaria mañana miércoles, junto con una propuesta de reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para reglamentar dicha disposición.
Alertan por ambigüedad jurídica
Al fijar la posición del PAN contra el dictamen, la diputada Annia Gómez advirtió que la iniciativa está dirigida abiertamente a que cualquier pretexto sirva para anular elecciones.
“Hay un aspecto cuestionable que radica precisamente en la indeterminación de los conceptos que se utilizan como intervención extranjera, injerencia, manipulación, presión diplomática, afectación al orden constitucional o alteración de la voluntad popular, los cuales carecen de delimitaciones normativas precisas y dejan amplios márgenes de interpretación para las autoridades electorales y jurisdiccionales”, dijo.
Por el PRI, Alejandro Domínguez sostuvo que la propuesta del legislador morenista, Ricardo Monreal, nace del miedo y nace de una interpretación torcida de la soberanía nacional.
“¿A qué le tienen miedo? Le tienen miedo a los señalamientos permanentes, recurrentes y objetivos de que son un narcopartido, de que estamos en presencia de un partido y políticos vinculados con el crimen organizado. Eso es lo que hace que esta reforma nazca a la vida parlamentaria en este momento. Con un argumento aparentemente legítimo, evitar la intervención extranjera”, acusó.
Incluso la legisladora morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero se abstuvo en la votación y anticipó la presentación de reservas, pues a su juicio la nueva causal es tan abierta que cabe cualquier interpretación y pone en riesgo la certeza jurídica.
De acuerdo con la exposición de la iniciativa para adicionar el artículo 41 constitucional, la intervención extranjera puede manifestarse a través de financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, pues señala, dichas conductas buscan vulnerar la independencia política del Estado.
Monreal planteó por ello adicionar una cuarta causa de nulidad de las elecciones, en el caso de “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Asimismo, al fundamentar los ajustes a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el legislador sostuvo que la democracia mexicana enfrenta amenazas externas que buscan subvertir la voluntad popular mediante la injerencia de gobiernos, organismos o agentes extranjeros.
“Dichas acciones no solo vulneran la equidad de la contienda, sino atacan directamente la soberanía nacional, la cual reside esencial y originariamente en el pueblo”, subrayó
Advierte asimismo que “la ausencia de mecanismos procesales específicos para sancionar la intromisión extranjera con la nulidad de la elección pone en riesgo la estabilidad del régimen democrático”.
Tipificación de conductas lesivas y nulidad de casillas
Entre los cambios y adiciones al ordenamiento referido destaca el de establecer que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten irregularidades graves que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma, “incluyendo aquellas derivadas de actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la libertad o autenticidad del sufragio en la casilla correspondiente”.
Se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia y soberanía de la nación en materia electoral, entre otros:
- La injerencia extranjera en procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital.
- La intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos o autoridades electorales.
- La realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular.
- La vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión, intimidación o afectación al orden constitucional.
- Los actos que impliquen apoyo, promoción o ejecución de acciones orientadas a alterar el orden constitucional o democrático del Estado mexicano.
- Cualquier otra conducta que, conforme a la valoración jurisdiccional correspondiente, comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad y libertad del sufragio.
La propuesta otorga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la atribución de resolver, en términos de la legislación aplicable, la actualización de las causales de nulidad, valorando las pruebas aportadas bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad.
IOGE
