El municipio de San Pedro Garza García aseguró que la investigación contra seis exfuncionarios por el presunto desvío de recursos, y que fue remitida al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), es sólida, por lo que confían en que prospere a su favor.
En entrevista telefónica con la plataforma MILENIO-Multimedios, David Iván Ruiz Chávez, secretario de la Contraloría y Transparencia municipal, informó que hicieron entrega de todas las pruebas donde podría establecerse el presunto delito, cuyo contrato de servicio ascendió a 4.5 millones de pesos.
“Nuestro reglamento de adquisiciones es muy claro en cuanto a en qué casos puede obviarse una licitación y en cuáles no. Lo que sí puedo decir es que vemos muy sólida la investigación, y para nosotros no hay duda de que se cometió una falta administrativa grave”.
“En el expediente de investigación se integraron todas las pruebas correspondientes, y ya le tocará analizarlas a la Sala Especializada. Sin duda, creemos y consideramos que es un caso bastante sólido; ya le corresponderá al Tribunal determinar lo conducente”, indicó.
La plataforma MILENIO-Multimedios reveló este jueves que el Gobierno de San Pedro Garza García remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del estado la investigación en contra de seis ex funcionarios de la administración de Miguel Treviño, por presunto desvío de recursos.
La investigación abarca a dos ex secretarios, tres ex directores y un ex síndico del Ayuntamiento del gobierno independiente, según corroboró la plataforma luego de que la Contraloría concluyó el expediente el pasado 24 de septiembre.
“Se remitió a la Sala Especializada del TJA el expediente, luego de que nosotros concluimos la investigación. Y por tratarse de faltas graves, nos corresponde una parte de la sustanciación, como la audiencia inicial; ya concluimos con esas etapas”.
“En el momento en que el Tribunal emita su resolución, que esperamos determine la existencia de la falta administrativa y la imposición de sanciones,, sin duda será favorable para el municipio. Esto marcará un precedente y evitará el abuso de los supuestos que permite la ley para omitir licitaciones”, manifestó Ruiz Chávez.
El funcionario explicó que corresponde al municipio remitir el expediente para que el Tribunal desahogue lo que proceda y la autoridad determine la existencia del presunto desvío de recursos, e imponga las sanciones, en caso de comprobarse.
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