La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia, pese a las advertencias del PAN sobre una presunta criminalización del personal médico.
Avalado con 291 a favor, 106 en contra y trece abstenciones, el dictamen turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación establece que el personal médico y de enfermería tiene derecho a la objeción de conciencia por convicciones religiosas, ideológicas, éticas y de conciencia, sin poder ser discriminado laboralmente por ello.
No obstante, la reforma obliga a la Secretaria de Salud, en coordinación con las instituciones de seguridad social, entidades federativas, municipios y particulares, a garantizar en todo momento contar con personal médico profesional y de enfermería de carácter no objetor en cada una de las unidades del Sistema Nacional de Salud, a fin de asegurar la atención médica a todas las personas, sin discriminación alguna.
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En caso de que un hospital, unidad sanitaria o de seguridad social no cuente con personal médico y de enfermería no objetor de conciencia, las instituciones del Sistema Nacional de Salud estarán obligadas a realizar el traslado de las personas a un hospital o unidad médica en el que se realice el procedimiento.
Advierte que se incurrirá en causal de responsabilidad profesional cuando se ponga en riesgo al paciente, se violen sus derechos humanos, especialmente a la salud, se vulneren los derechos reproductivos de las mujeres o se trata de una urgencia médica.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes, sostuvo que la reforma tiene por objeto erradicar la vulneración del derecho humano a la salud de las personas usuarias de los servicios sanitarios, a quienes se puede llegar negar o restringir el acceso trasplantes de órganos, transfusiones sanguíneas, cuidados paliativos, interrupción del embarazo y uso de anticonceptivos de emergencia, entre otros.
El legislador Éctor Jaime Ramírez, del PAN, anticipó una lluvia de amparos contra la reforma, por considerar que se criminaliza al personal de salud.
“El dictamen que se está poniendo a votación no cumple con esa delicada balanza, pues al médico que queremos reconocer ahora estamos proponiendo que se le criminalice por causas del Estado. Ahora Morena quiere sancionar a la comunidad médica, a la comunidad de enfermería por el retraso en los servicios de salud, cuando es a la autoridad sanitaria a quien corresponde que existan las condiciones para que los pacientes sean atendidos con calidad”, acusó.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de objeción de conciencia en acatamiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
