Las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia, y la de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, iniciaron el análisis de una iniciativa de ley para reformar el Código Penal, con el fin de eliminar el delito de estupro y reclasificarlo como violación equiparada, con penas de hasta 20 años de prisión.
Además, se consideran ajustes a la Ley de Víctimas del Estado de México, así como a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, donde se pretender realizar ajustes por los altos índices de violencia sexual y abusos cometidos en contra de menores de edad, por lo cual se busca aumentar las sanciones en estos casos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2023 se registraron 674 carpetas de investigación por estupro en todo el país, de las cuales 90 correspondieron al Estado de México, representando aproximadamente 13 por ciento a nivel nacional.
Los objetivos
El diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, autor de la iniciativa, indicó que el objetivo es tratar de evitar la violencia contra la infancia, la indiferencia en política que muchas veces se puede traducir en complicidad, que el marco legal se fortalezca, cerrar paso a la impunidad y abrir paso a la justicia.
“Pretende diversas reformas para que las instituciones del estado no sólo reaccionen, sino que prevengan y actúen de manera contundente”, dijo a las y los legisladores que podrían estar aprobando las reformas en los siguientes días.
Detalló que la iniciativa pretende 4 objetivos en concreto. Por un lado, está el endurecer penas contra quienes atenten contra la infancia, se elimina el delito de estupro y se reclasifica como violación equiparada con penas de hasta 20 años de prisión.
Además de eliminar vacíos legales que han permitido a los agresores escapar de un castigo, pero la idea es que donde esté involucrada una persona menor de edad sea obligatoria la intervención judicial, aunado a que buscan dar un papel protagónico a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues su opinión será determinante en la validez del perdón en delito perseguibles por querella.
Como cuarto punto, expuso, está garantizar que el Estado atienda con inmediatez y sensibilizar a cada víctima sin dilación y sin revictimización, pues el combate a la violencia también exige medidas contundentes en el ámbito legal y esa es la tarea de quienes integran esta Legislatura, consideró.
Crece la violencia contra las infancias
Por su parte la diputada Alejandra Figueroa Adame advirtió que los delitos sexuales, la violencia familiar, el ciberacoso y las agresiones físicas se ejercen con alarmante frecuencia contra la infancia y 7 de cada 10 agresores reportados por mujeres que sufrieron violencia sexual antes de los 15 años eran familiares.
“Frente a esta emergencia debemos asumir una postura firme y contundente; las niñas, niños y adolescentes merecen todo nuestro respaldo, atención y cuidado, ya que en la entidad se reportan dos denuncias diarias por violencia sexual contra menores”, enfatizó.
Emma Laura Álvarez Villavicencio dijo que desde la visión panista no pueden permitir que se debiliten las herramientas legales que protejan a las infancias, frente a la violación sexual y menos cuando se trata de actos cometidos mediante el engaño, la manipulación o abuso de poder y eliminar esta figura legal equivale a dejar un vacío de protección para cientos de casos que no encajan en los criterios de violación, pero que constituyen abuso de poder y violencia.
PNMO
