M+.- Tras años de iniciativas e insistencia por parte de diversos actores políticos y colectivos de familiares de personas privadas de la libertad en el Estado de México, y luego del proceso legislativo correspondiente, el Congreso mexiquense aprobó la Ley de Amnistía en la entidad.
En su primera versión entró en vigor el 6 de enero de 2021 y, básicamente, beneficia a quienes, acusados de determinados delitos, han sido encarcelados injustamente o enfrentaron procesos en condiciones desventajosas derivadas de su situación de vulnerabilidad.
El Poder Judicial estatal detalla que la amnistía es un instrumento jurídico mediante el cual se deja de investigar a una persona por un delito o, cuando ya existe una sentencia, se extinguen sus efectos penales, permitiendo que la persona pueda recuperar su libertad cuando se encuentre en algún Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS).
Se insiste en que este derecho sólo aplica en ciertas conductas delictivas, por lo que no todas las personas privadas de la libertad pueden acceder a ella. Es un acto del Poder Legislativo que otorga el perdón y el “olvido oficial”.
Su efecto es la extinción inmediata de la acción penal y de las sanciones impuestas, permitiendo a quienes están procesados o sentenciados recuperar su libertad. Esta ley se enfoca en sectores vulnerables y busca reparar injusticias sociales y procesales o casos donde los delitos fueron fabricados.
La Comisión de Derechos Humanos de la entidad se enfoca en casos de esta naturaleza cuando se acredita de manera fehaciente que existieron vulneraciones a los mencionados derechos y, a la fecha, ha recibido un total de 6 mil 220 solicitudes.
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Tras las rejas luego de un proceso sin intérpretes, con defensas deficientes y en condiciones de pobreza, actualmente cientos de personas privadas de la libertad en el Estado de México buscan una segunda oportunidad a través de la amnistía.
Detrás de cada solicitud existe un proceso que puede tardar hasta un año e incluye investigaciones, entrevistas en penales y revisiones de posibles violaciones a derechos humanos, antes de que exista la posibilidad de recuperar la libertad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) informó que cualquier familiar, representante legal o colectivo puede iniciar el trámite, siempre que exista autorización o interés legítimo de la persona involucrada.
En ese sentido, el presidente del organismo, Víctor Delgado Pérez, recordó que la Ley de Amnistía en la entidad entró en vigor el 6 de enero de 2021 y, desde entonces, la Codhem tiene atribuciones para recibir, investigar y emitir pronunciamientos relacionados con posibles violaciones a derechos humanos en procesos penales.
“Tenemos que verificar que exista legitimidad e interés real de la persona privada de su libertad, porque sí se han presentado casos donde terceros tramitan solicitudes sin autorización”, comentó.
¿Cómo se tramitan?
Las solicitudes pueden presentarse directamente en las oficinas de la Comisión, mediante formatos establecidos, a través de un correo electrónico especializado o incluso mediante buzones instalados en los Centros Preventivos y de Reinserción Social.
Asimismo, indicó que la Codhem cuenta con un micrositio especializado donde las personas pueden consultar lineamientos, requisitos y casos de amnistía que ya han sido resueltos favorablemente.
“En un primer momento, por allá de 2021, se tuvo un acercamiento con la Dirección de Prevención y Reinserción Social y se colocaron buzones en los centros preventivos y de reinserción social, a fin de que las personas privadas de su libertad tuvieran también esta oportunidad de acceder y de solicitar alguna petición respecto del tema de amnistía”, dijo.
En entrevista con MILENIO, precisó que, una vez recibida la solicitud, esta es turnada a una visitaduría general, donde primero se analiza si el caso cumple con los supuestos de procedencia establecidos en la ley.
“Se remite a las visitadurías generales que tenemos en la Comisión distribuidas y que también están cerca de los centros preventivos. Pero también para estos efectos se toma en consideración el domicilio de la persona peticionaria, así como el domicilio de los familiares de la persona que solicita el tema de amnistía”, agregó.
Posteriormente, se le asigna una nomenclatura y el personal de la Comisión acude al centro penitenciario para entrevistar directamente a la persona privada de la libertad y conocer el contexto de las posibles vulneraciones a derechos humanos.
“El primer punto es ir a realizar la visita al centro preventivo y de reinserción social, donde se entabla comunicación directa con la persona privada de su libertad para obtener mayor información y conocer el contexto de lo que refiere como presunta vulneración”, comentó.
Víctor Delgado aclaró que la Comisión no determina si una persona es culpable o inocente, sino que investiga posibles violaciones al debido proceso, principalmente en contextos de marginación y hacia grupos vulnerables, como pueblos originarios, personas en situación de pobreza extrema, exclusión o mujeres, entre otros.
La Codhem no es juez
“La Comisión de Derechos Humanos, con motivo de las atribuciones que le confiere la Ley de Amnistía, no resuelve el fondo del asunto, no va a determinar si una sentencia estuvo correctamente formulada (…) las atribuciones que establece la Ley de Amnistía son para identificar violaciones al debido proceso”, afirmó.
La investigación también contempla la revisión de expedientes clínicos y criminológicos, solicitudes de informes a ministerios públicos, jueces y autoridades médicas, así como entrevistas con servidores públicos señalados por posibles abusos.
“Se pueden citar a servidores públicos también involucrados o señalados por la persona contra la que atentaron en sus derechos humanos y que está solicitando el pronunciamiento de amnistía”, añadió.
Además, hay una unidad interdisciplinaria que realiza investigaciones de contexto social y familiar para identificar situaciones de pobreza, exclusión, barreras lingüísticas o pertenencia a pueblos originarios.
“Al momento de realizar el pronunciamiento nos va a llevar a estas causales si la persona tenía cuestiones de pobreza, por ejemplo, o cuestiones de marginalidad. Y una vez reunidos todos estos elementos, se llega al estudio para poder entonces sí determinar la procedencia del pronunciamiento que se deberá presentar ante el Poder Judicial, ante el juez correspondiente, para que este a su vez determine o no la procedencia de la amnistía”.
Víctor Delgado explicó que el proceso completo puede tardar entre seis meses y un año debido a la complejidad de las investigaciones y a la necesidad de reunir elementos sólidos antes de emitir un pronunciamiento.
“Tenemos que llevar a cabo un proceso de identificación, de conocimiento, de contar con elementos para entonces sí proponer un caso ante el Poder Judicial y la Ley de Amnistía establece que también se debe considerar a la víctima, que debe haber una reparación del daño a la víctima”, señaló.
Solicitudes de amnistía
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de 2021 a la fecha, ha recibido un total de 6 mil 220 solicitudes de amnistía para personas privadas de la libertad.
Pese al alto número de solicitudes, la Codhem ha emitido únicamente 27 pronunciamientos relacionados con amnistías, de los cuales 21 fueron concedidos de manera favorable: 16 a mujeres y cinco a hombres. Estos casos representaron la reducción de 440 años y cinco meses de prisión acumulados.
Entre las personas beneficiadas destacan cuatro mujeres y seis hombres pertenecientes a comunidades indígenas, un sector que, reconoció la Comisión, enfrenta constantes condiciones de vulnerabilidad, pobreza y barreras lingüísticas durante sus procesos judiciales.
El ombudsperson mexiquense explicó que el bajo número de pronunciamientos no responde a falta de voluntad, sino a la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas antes de determinar si una solicitud es procedente.
“Hay que hacer efectivamente este proceso de investigación, realmente hay que documentarlo y llevarlo ante la instancia correspondiente para que efectivamente sea procedente; tampoco se trata de dar falsas expectativas a las personas privadas de su libertad y llevar esto a una instancia con elementos con los que no contemos para una posible procedencia del caso de amnistía”, acotó.
Uno de los casos más recientes y relevantes fue el de Tomás Gabriel Crisanto, integrante de la comunidad otomí, quien obtuvo el beneficio de amnistía tras pasar 12 años en prisión por un homicidio calificado.
La Comisión identificó diversas violaciones a sus derechos humanos, entre ellas la falta de intérprete durante su proceso penal, rezago educativo, pobreza y deficiente acceso a una defensa adecuada. El 17 de febrero, la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial mexiquense otorgó la amnistía.
En trámite
Actualmente, la Codhem mantiene abiertas 111 investigaciones relacionadas con solicitudes de amnistía en distintas visitadurías regionales ubicadas en Toluca, Tlalnepantla, Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atlacomulco, Tenango del Valle y Cuautitlán.
La Comisión precisó que no todos los expedientes serán procedentes, pues cada caso debe analizarse conforme a los criterios establecidos en la ley, particularmente en delitos relacionados con afectaciones graves a la vida o integridad física.
Reforma dispara solicitudes
La reciente reforma a la Ley de Amnistía en el Estado de México ya comenzó a reflejar un incremento en las solicitudes presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Víctor Delgado Pérez detalló que tan solo durante mayo se registraron 27 nuevas solicitudes de amnistía, una cifra que representa un incremento importante derivado de las modificaciones legales recientes.
El ombudsperson mexiquense señaló que la Codhem cuenta con un sistema de seguimiento que permite identificar cuando una persona ya presentó anteriormente una solicitud de amnistía, con el fin de evitar duplicidades o múltiples trámites simultáneos promovidos por distintos representantes o colectivos.
Respecto al objetivo de la Codhem dentro de la aplicación de esta ley, Delgado Pérez explicó que el organismo busca garantizar la protección de los derechos humanos y contribuir a corregir posibles violaciones durante los procesos judiciales.
Finalmente, reconoció que la política de amnistía también contribuye a disminuir la sobrepoblación penitenciaria en el Estado de México, donde actualmente existe un hacinamiento cercano a 160 por ciento en los centros preventivos y de reinserción social.
“Tenemos un número importante de hacinamiento en los centros preventivos y de reinserción social del Estado de México; se habla de 160 por ciento de hacinamiento, casi 38 mil personas privadas de su libertad. Es coadyuvar también a esta despresurización de los centros preventivos y de reinserción social”, concluyó.
La participación del Legislativo
La mencionada reforma a la Ley de Amnistía, que se concretó el pasado 29 de abril, establece nuevas obligaciones para el Congreso. Por esa razón, hace apenas unas semanas la legislatura mexiquense sumó una nueva Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, que encabeza la diputada Sara Ramírez como presidenta.
Como miembros están Octavio Martínez Vargas, Selina Trujillo Arizmendi, Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, Héctor Karim Carvallo Delfín, Angélica Pérez Cerón, Ángel Adriel Negrete Avonce, Mariano Camacho San Martín, Joanna Alejandra Felipe Torres, Ruth Salinas Reyes y Omar Ortega Álvarez.
Esta instancia conocerá las iniciativas de ley, decreto o acuerdo relacionadas con la Ley de Amnistía del Estado de México y los asuntos que, en términos de dicha norma, correspondan a la legislatura.
Dará seguimiento a aquellos casos que, por su relevancia, sean puestos a su consideración por las personas que buscan este beneficio o por organismos defensores de derechos humanos, al encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio o la presunción de fabricación de delitos.
Al conocer la solicitud de amnistía, la comisión solicitará la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Ejecutivo, así como de organizaciones de la sociedad civil, y podrá convocar la participación de personas expertas, instituciones académicas y organizaciones cuando la del asunto lo amerite.
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