A un año del feminicidio de Victoria Salazar, mujer salvadoreña reconocida como refugiada desde 2018, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las autoridades del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo continúan aplazando la celebración de la audiencia del caso, al suspenderla sin previo aviso y que la investigación carece de perspectiva de género.
La representación legal del caso de Victoria está a cargo de La Fundación para la Justicia, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Asylum Access México, quienes han documentado las inconsistencias en el proceso penal de Victoria y su hija, pues señalaron que las autoridades han tardado más de siete meses para el reconocimiento de la representación legal de la adolescente.
Además, la Recomendación 34/2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, la cual señala entre otras cosas, una disculpa pública, atención médica, psicológica y tanatológica para la familia de Victoria; reparación del daño y su reconocimiento como victimas indirectas, no ha sido cumplida pese a que fue aceptada.
“La búsqueda de justicia no se limita al caso de Victoria, sino que es un proceso que busca ser la voz de miles de mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas a las que el Estado mexicano no garantiza la protección y acceso a la justicia2, detallaron los representantes legales.
Las organizaciones llamaron a las autoridades municipales, estatales y federales del país a brindar una reparación integral del daño, acceso a la justicia, verdad, garantizar la no repetición y coordinarse con las autoridades salvadoreñas para el acompañamiento y atención de necesidades transnacionales de la familia de Victoria en el proceso de justicia.
LG
