En el marco de la semana en la que se ha insistido en que bancadas de diversos partidos del Senado y de la Cámara de Diputados impugnarían la nueva Ley de Minería por temas procedimentales, más de 200 comunidades, pueblos y organizaciones de diversas entidades del país lanzaron un pronunciamiento en el que demandan que no se impugne la nueva Ley de Minería, sino que se reglamente y comience a aplicar a la brevedad, dada la importancia de los derechos que reconoce.
“Estas reformas son muy importantes y significativas, sobre todo en el terreno del goce efectivo de los derechos humanos que el Estado mexicano está obligado a respetar y a garantizar a nuestro favor, puesto que, la permisividad de la Ley reformada dio pie, durante muchas décadas, a violaciones de estos derechos que algunas y algunos todavía estamos enfrentando y sufriendo”, subrayaron los pueblos y comunidades que se suman al pronunciamiento, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
Con el mensaje de #LosDerechosNoSeImpugnan, también destacaron que en la nueva ley, la minería deja de tener preferencia sobre las actividades productivas propias que por siglos han sostenido la economía de territorios y regiones, “lo que también nos permitirá gozar de un medio ambiente sano al que tenemos derecho”.
Durante años, la industria minera ha devastado nuestros territorios. Hoy, pueblos y comunidades indígenas exigimos a las y los legisladores no impugnar la nueva Ley de Minería.#LosDerechosNoSeImpugnan
— Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (@HacemosAldea) June 6, 2023
Más de 200 pueblos respaldan esta exigencia ????????
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Otro de los argumentos que avalan la ley, es que consideran que “estas nuevas disposiciones, también contemplan que no se podrá otorgar una concesión minera donde haya escasez de agua y tampoco en las áreas naturales protegidas, en lugares donde se ponga en riesgo a la población, prohibición extensiva a la minería submarina. Y eliminan, además, la expropiación como derecho del concesionario.
“Resulta relevante mencionar que se establece la obligatoriedad de obtener el consentimiento, después de una consulta previa, libre e informada antes de otorgar alguna concesión en los territorios”.
“De ahí nuestra rogativa a las y los legisladores, sobre la pretendida impugnación que trascendió en la opinión pública, como sus representados, esperamos que no ocurra.
"Solicitamos que, por el contrario, se valore seriamente la situación de deterioro social y ambiental que la actividad minera nos ha acarreado, el contenido de estas reformas y su innegable impacto positivo sobre los derechos humanos, en los principios que lo sustentan y también en lo que respecta a la protección de las personas y del medio ambiente”.
El pronunciamiento está firmado por comunidades y organizaciones de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas.
“Señoras legisladoras y señores legisladores: desde las comunidades les decimos que la lucha ha sido larga, ardua y ha costado incluso vidas humanas. Hoy lo que ocupamos es una reglamentación adecuada y la pronta implementación de las reformas.
"Los logros con las reformas a la Ley, para nosotras/os se traducen en una armonización del marco legal para proteger a las personas y el medio ambiente, garantizar nuestros derechos y recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos que pertenecen a todas y todos los mexicanos, quienes además deben poder decidir sobre el destino de sus territorios.
"Si bien estos logros no son todos los que desearíamos y necesitamos, sí significan un gran avance; no los malogren en nuestro perjuicio”.
JLMR
