La administración del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra el llamado birth tourism o turismo por nacimiento, la práctica de viajar a Estados Unidos con una visa temporal con el propósito principal de dar a luz y obtener para el bebé la ciudadanía del país norteamericano.
Trump firmó este mes dos órdenes ejecutivas; una busca excluir de la ciudadanía automática a determinados niños cuyos padres hayan participado en una transacción comercial o fraude para conseguirla, e instruye a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional a impedir la entrada de “turistas de nacimiento” y actuar contra quienes faciliten esos viajes.
Por otro lado, expertos consultados por MILENIO sostienen que el problema ha recibido una preocupación desproporcionada porque es mucho menor de lo que sugieren las acciones de la administración de Trump.
Los especialistas destacan que la estrategia ha puesto más énfasis en castigos contra individuos que contra una próspera industria que ofrece paquetes de turismo por parto a plena luz del día.
Colleen Putzel-Kavanaugh, autora de un análisis sobre el turismo de parto para el Instituto de Política Migratoria (MPI), sostiene que la estimación más amplia basada en datos del censo sitúa el turismo de parto entre 22 mil y 26 mil bebés nacidos anualmente en territorio estadunidense aunque los datos del gobierno muestran solo 9 mil 600 nacimientos de madres con domicilios en el extranjero en 2024.
“El turismo de parto ciertamente representa un problema de política pública y algunos de los aspectos relacionados con el turismo de parto podrían incluir fraude de visas o empresas que organizan estas actividades y que podrían estar involucradas en otras actividades ilícitas, pero cuando observamos las cifras puede atribuirse a menos del uno por ciento de los nacimientos por año”, dijo un experto en entrevista con MILENIO.
La dimensión comercial es precisamente uno de los puntos más notorios, toda vez que las empresas dedicadas a este mercado pueden ofrecer asistencia con visas, vivienda, médicos, hospitales, transporte y trámites para el recién nacido.
“Hay clínicas, hay marketing con respecto a este tema. Ya por muchos años muchas personas reciben esta información por correo electrónico como propaganda y les dicen que pueden venir para dar a luz a los niños. Te ofrecen todos tus gastos pagados, tienes el hotel, tienes la recuperación, tienes la clínica, tienes el doctor, todo completamente pagado en un paquete”, dijo el abogado migratorio de Miami, Gunther Sanabria, en entrevista.
The Washington Post documentó en Florida el caso de Have My Baby in Miami, una empresa que tenía casi 74 mil seguidores en Instagram, atendía alrededor de 125 clientas brasileñas al año y afirmaba haber servido a unas 2 ml 500 familias. Sus servicios médicos oscilaban entre 16 mil y 23 mil dólares. La compañía ofrecía además información para tratar con autoridades migratorias y obtener documentos estadunidenses después del nacimiento.
El abogado sostiene que el turismo por parto supone violaciones claras a las leyes de migración de Estados Unidos en la medida que la persona viene con una visa de turista, pero considera que la atención sólo en el aspecto de las mujeres embarazadas ignora otros métodos usados para evitar las regulaciones en migración.
“¿Por qué no afectamos también a las personas que vienen a comprar casas? ¿O las personas vienen a invertir? ¿O las personas que vienen a hacerse una cirugía? Entonces no podemos hacer simplemente una decisión autoritaria arbitraria de decir solamente esto lo voy a usar en contra de las mujeres embarazadas. No me parece”, acotó.
Tras la emisión de las órdenes ejecutivas, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que, en tan solo un mes, el recién creado Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento ha tomado medidas para revocar más de 600 visas a ciudadanos extranjeros en todo el mundo y “continuará protegiendo a nuestra nación de este abuso”.
Entre los casos divulgados figura el de una pareja que habría utilizado conferencias y vacaciones como coartada para dos viajes en los que nacieron sus hijos; también el de una funcionaria extranjera que solicitó una visa para un viaje oficial de una semana y permaneció tres meses hasta dar a luz; además de una viajera que dijo que iría de vacaciones a Orlando, pero terminó en Los Ángeles y dio a luz cinco días después.
Ciudadanía estadunidense “no está a la venta”
El Departamento de Estado reconoció en ese sentido la existencia de sofisticadas redes de turismo de natalidad que lucran explotando las leyes estadunidenses: instruyen a extranjeros para defraudar el sistema de visas de Estados Unidos, organizan viajes y alojamiento, e incluso falsifican documentos, todo para que ciudadanos extranjeros obtengan la ciudadanía para sus hijos.
“La ciudadanía estadunidense no está a la venta”, señaló Rubio.
La orden ejecutiva del 6 de agosto pasado permite expresamente actuar contra entidades, organizaciones e individuos, dentro o fuera de Estados Unidos, que faciliten el turismo por nacimiento.
En mayo, además, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ya había documentos a cuatro negocios estadunidenses a los que acusó de promocionar servicios de maternidad dirigidos a extranjeras.
En 2019, fiscales federales acusaron a 19 personas vinculadas con esquemas de turismo por nacimiento. Uno de los principales casos terminó con la condena a 41 meses de prisión de Michael Wei Yueh Liu, operador de USA Happy Baby.
Las autoridades afirmaron que la empresa ayudó a cientos de mujeres procedentes de China entre 2012 y 2015, cobrando hasta 40 mil dólares, en coordinación con entidades en el extranjero que instruían a las clientas sobre qué decir durante las entrevistas de visa y cómo ocultar sus embarazos al entrar al país.
En enero de 2020, durante el primer mandato del presidente Trump, el Departamento de Estado modificó las reglas de las visas B para establecer que viajar con el propósito principal de dar a luz y conseguir ciudadanía estadunidense para un hijo no constituye un uso permitido de una visa de visitante.
La regulación estableció una “presunción refutable”: cuando un funcionario consular tuviera razones para creer que una solicitante daría a luz durante su estancia, podía presumir que ese era el objetivo principal del viaje. También obligó a quienes viajaran por razones médicas a demostrar que tenían organizada su atención y medios económicos para pagarla.
En alusión al dilema de distinguir entre una mujer embarazada que viaja legítimamente y otra que lo hace con fines de turismo por nacimiento, Putzel-Kavanaugh mencionó que actualmente existe mucha discrecionalidad por parte de los agentes cuando se trata de viajeras embarazadas.
"Esto se basa principalmente en la regulación de 2020, pero también en las órdenes posteriores y en las orientaciones que surgieron como resultado de la orden ejecutiva relacionada con el turismo de parto, que somete a las viajeras embarazadas a un escrutinio mucho mayor", explicó.
“Y como se convierte en una decisión tan discrecional puede variar mucho de un agente a otro, dependiendo de las preguntas que hagan y de los datos que recopilen de la persona. Pero ciertamente impone una nueva carga sobre las viajeras embarazadas para que puedan demostrar que no están viajando con la intención de dar a luz”, abundó.
Por su parte, el abogado Sanabria sostiene que la distinción entre un viaje legítimo y uno fraudulento tiene implicaciones legales.
“El gobierno va a tener que demostrar la intención y eso es un caso súper difícil, a menos que la persona confiese o haya evidencia contundente de que esa fue su intención, una persona que vino con su visa de turista y que se quedó más tiempo y terminó teniendo el bebé aquí, tendrían que demostrar que fue su intención original”, indicó.
Los expertos coinciden que la diferencia entre las acciones del 2026 comparadas con las ocurridas en años previos es la escala, es que ahora la Casa Blanca contempla revocaciones de visas, prohibiciones de entrada, expulsiones y medidas contra facilitadores.
La batalla se mueve en dos frentes: el inmediato, de visas y viajeros individuales; y el estructural, formado por empresas, intermediarios y proveedores que han convertido el nacimiento de un niño en Estados Unidos en un producto internacional. La administración Trump asegura que quiere desmontar ambos.
AG
