El gobernador Víctor Castro Cosío solicitó que se investigue el actuar de agentes federales, tras reportarse en redes sociales un presunto abuso de autoridad y el despojo de un cargamento de mariscos en Puerto San Carlos.
El mandatario confirmó que, durante el fin de semanas, un civil resultó abatido y uno más fue detenido tras registrarse una agresión armada en contra de una célula interinstitucional en un tramo de la carretera entre Puerto San Carlos y Ciudad Constitución.
Los hechos, ahora bajo investigación penal, surgieron a partir de un despliegue operativo en las inmediaciones del municipio de Comondú.
En esa zona se encuentra operando una célula de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que trabaja en coordinación con las fuerzas estatales.
Piden investigar actuar de agentes federales
De acuerdo con el informe del gobernador, este grupo fue atacado de manera inesperada por civiles armados en el tramo carretero mencionado.
El mandatario precisó que los acontecimientos violentos no ocurrieron dentro de la zona urbana ni en el poblado de San Carlos, sino en la zona rural federal, por lo que garantizó que el orden público y la tranquilidad de los habitantes de la comunidad pesquera se mantienen bajo resguardo.
El líder estatal fijó la postura de su administración frente a cualquier abuso de poder y externó textualmente que "jamás vamos a permitir complicidades o complacencias de parte del gobierno para cualquier elemento".
De igual forma, Castro Cosío enfatizó que en la entidad existen leyes y normativas claras para regular las conductas de los agentes y servidores públicos.
"Los uniformados deben actuar apegados a derecho. Hay asuntos internos; si alguien se pasa, pues tenemos que investigar. Hay que investigar", destacó.
Integrantes de centro de rehabilitación acusan engaños
Internos del centro de rehabilitación Casa Vida, de Puerto San Carlos, denunciaron públicamente haber sido contratados bajo engaños por supuestas empresas locales para realizar labores de carga y descarga en un empaque pesquero de la región.
Los afectados aseguraron que, por necesidad, aceptaron el empleo sin cuestionar a los contratantes. Sin embargo, denunciaron que todo se trató de un engaño para subir el producto marino a un camión, labor por la cual no recibieron ningún pago.
De acuerdo con las declaraciones de los jóvenes, sus indagaciones apuntan a que las camionetas blancas con personal encapuchado presuntamente estarían ligadas a una célula de la dependencia federal que encabeza el secretario Omar García Harfuch.
Los denunciantes describieron que, si se hubiera tratado de un decomiso legal, el personal habría portado uniformes institucionales, se habrían realizado inspecciones oficiales en el sitio y se habría respetado el protocolo correspondiente, lo cual no ocurrió.
"Recibimos una llamada donde nos dicen que ocupan personas para ir a trabajar a la planta. Nos sentimos utilizados", concluyeron los jóvenes del centro de rehabilitación.
AG
