El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, obtuvo una suspensión provisional que evita que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute una orden de aprehensión en su contra.
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En su demanda de garantías, Sosa Castelán asegura que la juez de control Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Sur, giró la orden de captura.
La juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, concedió la suspensión provisional al quejoso, la cual evitará su captura siempre y cuando no se le haya ordenado detener por delitos graves.
La juzgadora le impuso a Castelán una garantía de 51 mil pesos. Asimismo, requirió a la juez Rodríguez Escobar, a la FGR y otras autoridades, que informen si existe tal orden de aprehensión.
En marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó las cuentas de la UAEH por un presunto lavado de 151.8 millones de dólares.
También hizo lo mismo con otras cuentas, pero desbloqueó algunas para que se realizara el pago de su personal y para no afectar la actividad de la casa de estudios.
En abril, en entrevista con Carlos Marín en el Asalto a la Razón que transmite MILENIO Televisión, el penalista Juan Velásquez, quien asesora a los abogados de dicha casa de estudios, señaló que los 151.8 millones de dólares es dinero lícito y pertenece a los fondos de los fideicomisos de jubilación y de infraestructura que desde hace 20 años se vienen ahorrando y depositando en el extranjero.
Aseveró que la UAEH es una de las cinco universidades mejor posicionadas a nivel nacional, y cuenta con 26 unidades productivas, entre ellas, una gasolinera, hospital veterinario y un hotel universitario.
“Esta universidad es casi autosuficiente a diferencia de muchas de las universidades públicas que están absolutamente quebradas; ésta universidad no está quebrada, entre otros motivos porque tiene 26 unidades económicas que le permiten generar recursos”, señaló el penalista.
Velásquez aseguró que todo el dinero que percibe la casa de estudios ha sido revisado a través de 31 auditorías realizadas de 2017 a 2018, 19 de las cuales las practicó la Auditoría Superior de la Federación, seis la auditoría estatal, cinco el Sistema de Administración Tributaria y una por la Secretaría de la Función Pública.
“Y de todas esas auditorías ha resultado una evaluación del 100 por ciento en transparencia. No hay un solo centavo de la universidad que no sea transparente”, explicó.
irh
