Fuentes cercanas a la investigación informaron que, a cuatro días del despliegue de la Operación Caudal, al menos 11 personas se han presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para manifestar interés o intentar acreditar la propiedad de alguno de los 189 inmuebles asegurados.
Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en 48 municipios, donde fueron ejecutadas 142 técnicas de cateo y 47 inspecciones. En esos lugares se localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas vinculadas con la extracción, almacenamiento o comercialización irregular del líquido.
Cada inmueble asegurado está relacionado con al menos una carpeta de investigación iniciada por denuncias ciudadanas, por autoridades del sector hidráulico o de oficio por parte del Ministerio Público.
No hay afectaciones al abasto de agua
Antes de la ejecución del operativo, se desarrollaron investigaciones que permitieron establecer la probable comisión de delitos relacionados con la distribución y comercio ilegal de agua.
Las diligencias fueron coordinadas con la Comisión Nacional del Agua (CAEM), la Comisión del Agua del Estado de México (Conagua) y los organismos municipales operadores del servicio, con el fin de distinguir los sistemas formales de abasto de aquellos utilizados de manera irregular.
La Fiscalía precisó que durante el operativo no se afectaron pozos, válvulas, garzas ni vehículos que forman parte de la red pública de distribución. Las instalaciones legalmente acreditadas ante la autoridad competente permanecen en funcionamiento y operan con normalidad para el suministro de agua potable en las zonas intervenidas.
Sindicatos bajo la lupa por 'aguachicol'
Las indagatorias de la Operación Caudal han permitido identificar que, en distintas regiones del Estado de México, la transportación y comercialización del agua se encontraba concentrada en manos de un solo grupo, lo que contraviene el artículo 145 del Código Penal estatal, que exige que toda actividad relacionada con el traslado o venta del líquido cuente con registro oficial ante la autoridad competente.
Fuentes consultadas señalaron que los inmuebles asegurados forman parte de una red de operaciones donde participaban diversas organizaciones con presencia en la entidad, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME); Los 300 o Unión 300; Libertad; 25 de Marzo; 22 de Octubre y Chokiza. Dichos grupos han sido mencionados en carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público.
Bienes bajo resguardo ministerial
Pese a la magnitud de la operación, el número de personas que han acudido a acreditar la propiedad de los inmuebles es reducido. Hasta el 27 de octubre, solo 11 ciudadanos se han presentado ante el Ministerio Público con documentación o solicitudes para revisar la situación de alguno de los bienes asegurados. La mayoría de los predios, pozos y pipas intervenidos permanece bajo resguardo ministerial mientras se determina su situación jurídica.
El procedimiento legal establece que los propietarios o poseedores de los bienes intervenidos pueden presentarse ante la autoridad para acreditar su legítima propiedad o explicar la naturaleza de sus actividades. En cada caso, el Ministerio Público evaluará la documentación presentada y resolverá conforme a derecho.
Investigación abierta
Las fuentes señalaron que la ciudadanía puede presentar denuncias si detecta actividades de extracción, distribución o comercialización de agua sin autorización.
Las carpetas abiertas por estos hechos han permitido ampliar las líneas de investigación y fortalecer la acción institucional para combatir la sustracción y venta ilegal del recurso.
Hasta el momento, el seguimiento ministerial busca definir la responsabilidad penal de los implicados y determinar el destino legal de los bienes asegurados, mientras 178 predios continúan sin reclamación formal ante la autoridad.
PNMO
