El caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual definirá si una persona extraditada de Estados Unidos puede ser procesada en México por hechos o delitos distintos de aquellos por los que fue extraditada.
El punto central del tema es que el exgobernador no gozó del derecho de audiencia dentro del procedimiento diplomático antes de que los norteamericanos autorizaran un nuevo proceso en su contra.
El 2 de junio de 2022, el gobierno estadunidense entregó a César Duarte a la Fiscalía General de la República (FGR) para que fuera juzgado por las autoridades locales de Chihuahua por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y peculado por más de 96 millones de pesos, ambos ilícitos con penalidad agravada.
Duarte y la “regla de especialidad”
El caso gira alrededor de la llamada “regla de especialidad” del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Esta regla impide que una persona extraditada sea procesada por delitos diferentes a los que motivaron su entrega, salvo que el Estado requerido, en este caso Estados Unidos, otorgue su consentimiento.
En agosto de 2023, César Duarte promovió el amparo contra diversos actos de autoridades de Chihuahua, la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para buscar protección contra cualquier nueva orden de aprehensión.
El exfuncionario alega el procedimiento mediante el cual México solicitó a Estados Unidos autorización para procesarlo por una causa penal distinta de aquella que había originado su extradición.
La jueza Segundo de Distrito en Chihuahua concedió el amparo, ya que consideró que el procedimiento mediante el cual México obtuvo el consentimiento de los estadunidenses para procesarlo por una causa penal distinta no había respetado sus derechos de audiencia y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Además, señaló que el juez de control no debió limitarse a revisar la documentación enviada por las autoridades federales, sino que debía verificar si en el procedimiento para obtener la excepción a la regla de especialidad se había respetado el derecho de audiencia del extraditado.
La sentencia de la jueza ordenó dejar sin efectos la audiencia inicial celebrada el 23 de agosto de 2023 y todo lo actuado posteriormente dentro de la causa penal correspondiente.
También ordenó dejar sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión derivada de esa causa y decretar la libertad del quejoso.
Las autoridades federales recurrieron la sentencia bajo el argumento de que la jueza confundió el procedimiento de extradición y el procedimiento diplomático para obtener el consentimiento del Estado requerido para procesar al extraditado por otros hechos.
Según las autoridades, la segunda actuación es un mecanismo de cooperación internacional entre Estados soberanos, no un nuevo procedimiento de extradición ni un proceso penal. Por ello, sostuvieron que el extraditado no tiene derecho de audiencia dentro de ese trámite diplomático.
Ante lo trascendente del caso, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito pidió a la Corte atraer el asunto.
Hoy, sin discusión alguna y por mayoría de votos, el Pleno decidió atraer el amparo en revisión.
Delito federal
Cabe mencionar que, en diciembre de 2025, la FGR dio a conocer que ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este es el primer caso del orden federal que el exmandatario enfrenta, ya que desde su extradición de Estados Unidos sólo se le pudo juzgar por delitos del fuero común.
César Duarte enfrentaba sus procesos en libertad, pero el 8 de diciembre fue aprehendido e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
ROA
