Luego de años de mantenerse como un actor clave en el panorama criminal de Tamaulipas, Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, fue incorporado a la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) identificó a Takia como exlíder de sicarios del Cártel del Noreste (CDN) y actual jefe de plaza en Nuevo Laredo de la misma organización delictiva.
Además de sus actividades ligadas al despliegue de pistoleros y al tráfico de armas para el cártel, Guajardo Álvarez estuvo en la mira de las autoridades por su participación en un asesinato múltiple que entorpeció las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
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Ricardo Martínez Chávez, una pieza importante en las indagatorias
Desde que se tuvo conocimiento sobre la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, el caso fue abordado por diversas autoridades nacionales e incluso atrajo el interés de organismos internacionales.
Entre las miles de páginas que acumulan los múltiples reportes dedicados a dilucidar qué ocurrió con los estudiantes hay contadas menciones a Ricardo Martínez Chávez, quien se desempeñaba como subprocurador de Atención a Víctimas de Delito en el estado de Guerrero en el momento en que se orquestó la desaparición.
Una de las referencias más destacadas puede ubicarse en el apartado Encubrimiento de los hechos del informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) en septiembre de 2023.
En la relatoría de hechos, el documento sostiene que Ricardo Martínez Chávez, en su calidad de subprocurador, habría girado instrucciones para resguardar el cuartel de la Policía Municipal de Iguala, así como al personal y el armamento, durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los datos vertidos en el informe señalan que Martínez Chávez se reunió entre las 01:30 y las 02:00 horas con el entonces secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores; con el perito Daniel Soto Mora; el policía ministerial Javier Bello Orbe; y el titular de la agencia del Ministerio Público en Iguala, José Cruz Bello.
En aquel encuentro, el subprocurador también ordenó "comenzar la búsqueda de los normalistas", según los testimonios referidos por la COVAJ.
Reportes elaborados por la misma Comisión ubicaron a Ricardo Martínez como uno de los asistentes a las reuniones del 7 y 8 de octubre de 2014 en las que se construyó la llamada "verdad histórica". Aquellos encuentros, realizados en el 27 Batallón de Infantería, eran encabezadas por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y contaban con la presencia de autoridades estatales y federales, acorde con los informes.
Otra mención a Ricardo Martínez Chávez data del año 2015, cuando se publicó el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mecanismo nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso.
Durante el inicio de su investigación paralela, el GIEI identificó que en diciembre de 2014 Ricardo Martínez Chávez fue señalado en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 por su probable responsabilidad en actos que constituían delitos contra la administración de justicia. El expediente mencionaba también a Iñaki Blanco Cabrera, entonces procurador de Guerrero, pero no prosperó.
¿Cómo ocurrió el asesinato de Ricardo Martínez Chávez?
Tras su paso como funcionario en Guerrero, Ricardo Martínez Chávez asumió en octubre de 2016 el cargo de coordinador regional en Nuevo Laredo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas.
La noche del 4 de enero de 2017, Martínez Chávez y otros cuatro trabajadores de la Procuraduría fueron atacados luego de acudir a una reunión de trabajo en las instalaciones de la corporación.
Según los detalles ofrecidos por el gobierno estatal, fue alrededor de las 22:30 horas de esa fecha cuando un comando de sicarios interceptó y acribilló al grupo de funcionarios en el cruce de las calles Eva Sámano y Municipio Libre, en Nuevo Laredo.
En enero de 2018, la PGJ estatal confirmó que por este ataque había sido detenida Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias La Mojón, sobrina de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z-40 y El Z-42, exlíderes de Los Zetas y presuntos jefes del Cártel del Noreste.
Aunque las autoridades identificaban a La Mojón como dirigente del cártel en Nuevo Laredo y como supuesta implicada en el múltiple homicidio, una jueza de Tamaulipas la absolvió en agosto de 2025 de los delitos de asociación delictuosa, contra servidores públicos y homicidio calificado.
Otro personaje señalado como posible responsable del asesinato de los funcionarios fue, precisamente, Pablo César Guajardo Álvarez. Aunque las autoridades de Tamaulipas notificaron su captura en febrero de 2020, el reciente informe de la OFAC advierte que habría sido liberado.
BM.
