La Fiscalía General de la República (FGR) propuso a las 32 fiscalías del país que se reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para fortalecer la investigación de delitos de alto impacto.
Durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), celebrada en Nayarit, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, puso el tema sobre la mesa.
El funcionario planteó solicitar al Congreso de la Unión una reforma legislativa al mencionado código.
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Objetivo de reformar el Código de las fiscalías
Lo anterior, con el propósito de agilizar y fortalecer la pesquisa de los delitos, sobre todo los de alto impacto, así como a reforzar las garantías en favor de las víctimas, en busca de dotar a las instituciones de mejores herramientas jurídicas y reducir la impunidad.
La propuesta fue adoptada por los fiscales para ser enriquecida e impulsada por las 32 fiscalías estatales.
En el evento presidido por Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, la dependencia también propuso homologar capacidades y procedimientos en materia de desaparición de personas, derechos humanos, capacidades forenses, extorsión, feminicidio, incidencia delictiva y profesionalización.
Entre los temas destacó la desaparición de personas, considerada uno de los principales desafíos para las instituciones de procuración de justicia.
Como parte de esta estrategia, se presentó un diagnóstico nacional sobre las capacidades, fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad de las fiscalías estatales.
Esto con el propósito de identificar brechas y buenas prácticas y establecer acciones coordinadas para fortalecer la investigación, búsqueda, localización, identificación y atención integral de víctimas y sus familias.
Actualizan protocolo homologado
De igual manera, se aprobó la actualización del protocolo homologado de investigación.
La dependencia señaló que esto es resultado de un amplio ejercicio participativo con familias, colectivos, organismos internacionales y sociedad civil.
El protocolo establece una metodología nacional, coordinada y con perspectiva de derechos humanos para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, e incorpora como una de sus principales aportaciones un enfoque diferenciado para atender a grupos en situación de vulnerabilidad.
También se aprobó el protocolo homologado especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Digna Ochoa y Plácido vs. México.
Este protocolo contempla las actuaciones ministeriales con un enfoque basado en derechos humanos y reconoce a las personas defensoras como titulares de derechos y sujetos de una protección reforzada.
En materia de extorsión, el fiscal David Boone presentó el Manual de Operaciones de las Fiscalías o Unidades Especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.
El propósito es homologar y fortalecer la actuación institucional, mejorar la atención y protección de las víctimas e impulsar investigaciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para desarticular las estructuras criminales vinculadas con este delito.
En materia de feminicidio, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, Maribel Bojorges Beltrán, expuso el proyecto de decreto que presentó la Titular del Ejecutivo Federal.
Por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, el cual ya se encuentra en análisis ante la Comisión Permanente del Senado de la República.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) presentó su nueva oferta académica y de profesionalización para las fiscalías y procuradurías del país, con el objetivo de transformar el conocimiento científico en capacidades para fortalecer la procuración de justicia.
En materia forense, Israel Agüero, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), habló de las acciones para conocer y fortalecer las capacidades de las fiscalías y procuradurías del país.
Así como del seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, a efecto de fortalecer sus registros y mejorar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.
En materia pericial, David Zepeda Jones, titular del Centro Federal Pericial Forense, presentó el proyecto de Guías de Valoración de la Prueba Pericial, cuya meta es facilitar la comprensión de las distintas especialidades forenses y fortalecer la valoración de la prueba.
Ernestina Godoy destacó que la FGR mantendrá coordinación con las fiscalías estatales con el propósito de fortalecer las investigaciones y la judicialización de delitos federales.
RM
