Marzo de 2025 quedó marcado como el mes en que el mundo volteó a ver a Teuchitlán. Desde un predio aislado, rodeado de brechas y sembradíos, las imágenes de cientos de pares de zapatos vacíos alineados sobre la tierra dieron la vuelta al planeta y convirtieron al Rancho Izaguirre en símbolo de la crisis de desapariciones en México.
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Este 5 de marzo se cumple un año del hallazgo realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes ingresaron al predio y documentaron más de mil 300 indicios: 154 pares de zapatos, 170 mochilas, 18 maletas, prendas, libretas con nombres y apodos, así como restos óseos e indicios calcinados.
Para las familias buscadoras, el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio. Denunciaron la presencia de zanjas donde, según su testimonio, se colocaban planchas de ladrillo para incinerar cuerpos y luego cubrirlos con tierra.
¿Qué ha pasado tras el hallazgo de Rancho Izaguirre?
Sin embargo, la versión oficial marcó distancia. El 29 de abril, el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el rancho era un centro de reclutamiento y adiestramiento de un grupo criminal, sustentado —dijo— en pruebas confesionales, testimoniales y documentales. Pero descartó que existieran evidencias de cremaciones clandestinas.
Según explicó, en un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México se detectaron niveles de calentamiento de hasta 200 grados, insuficientes para una cremación, que requiere alrededor de 800. El hallazgo también exhibió presuntas fallas institucionales. El predio había sido asegurado por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, seis meses antes del descubrimiento del colectivo. No obstante, las fiscalías estatal y federal no habrían procesado adecuadamente la escena, lo que permitió que cientos de indicios permanecieran en el lugar hasta que los colectivos ingresaron.
A finales de 2025, ninguno de los restos localizados había sido identificado ni entregado a sus familias, mientras los estudios genéticos seguían pendientes.
En enero pasado, el colectivo Guerreros Buscadores denunció públicamente presuntas omisiones y el abandono del predio en materia de investigación, advirtiendo el riesgo de que algunos detenidos pudieran quedar en libertad. Ante ello, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se ofreció como intermediario para restablecer la comunicación entre el colectivo y la Fiscalía General de la República.
“Tenemos una comunicación constante con Indira, y escuchaba su preocupación de que la Fiscalía General de la República, que hay que recordar fue quien tomó la investigación, quien tiene a su cargo la custodia del propio rancho, había digamos limitado su comunicación en las últimas semanas con el cambio”, expresó el mandatario estatal, quien también aseguró que los testigos vinculados a las carpetas de investigación continúan bajo protección federal y estatal.
Persisten interrogantes sobre la operación del predio, la responsabilidad de autoridades locales y el alcance real de lo que ocurrió tras sus muros. Para las familias de personas desaparecidas, el Rancho Izaguirre no es solo un expediente judicial, sino un símbolo del dolor acumulado y de la exigencia de verdad y justicia.
A un año del hallazgo, el caso sigue abierto, bajo resguardo y en tribunales. Y aunque hay sentencias, apelaciones y procesos en curso, para muchos la herida permanece sin cerrar.
SRN
