La historia de Guadalupe Taddei continúa. Tras los señalamientos en su contra por presuntos actos de corrupción, conflicto de interés, manejo irregular de recursos públicos y su renuncia del Instituto Nacional Electoral (INE), el caso no ha hecho más que empeorar para la exconsejera presidenta del órgano.
Todo comenzó a finales de octubre, cuando una investigación periodística destapó un presunto esquema de triangulación de recursos que involucraba a por lo menos siete empresas proveedoras del INE. Posteriormente, se difundió un video en el que aparecía Taddei en compañía de José Alfredo Hernández Casillas —uno de los contratistas— en fiestas y reuniones fuera del ámbito institucional.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la amistad, e incluso el amor, se mezclan con presuntos actos delictivos en la política mexicana. MILENIO rememora algunos casos.
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Guadalupe Taddei y contratos en el INE
La amistad y cercanía de Guadalupe Taddei y su círculo con José Alfredo Hernández Casillas se formó a lo largo de la década pasada.
De hecho, una de las empresas señaladas por irregularidades con el INE, Cajas Graf S.A. de C.V, se constituyó poco después de que Taddei fuera elegida para dirigir el Instituto Electoral del Estado de Sonora.
Los contratos en dicha entidad comenzaron a llegar ese mismo año, y no se detendrían hasta 2021, cuando Taddei, al frente del referido instituto, firmó el último contrato por 46 millones de pesos para Cajas Graf, en una competencia que hoy se presume fue simulada, pues participaron empresas ligadas con la misma red.
Ya con Taddei en el INE, las conexiones se fortalecieron. En la Dirección de Administración del INE fue colocado Jesús Octavio García González, quien a su vez era apoderado de la empresa Corporativo Zeg S.A. de C.V, que, como ya se mencionó, forma parte de la red de los hermanos Hernández Casillas.
Otro caso es el de Jonathan Navarrete Torres —identificado, en algunos medios, como chofer de Taddei, aunque ella en su momento sostuvo que era su “asistente especializado”—, quien presuntamente recibió un poder especial para manejar las cuentas bancarias de Corporativo Zeg.
Desde que se supo todo esto, le llueve sobre mojado a Taddei:
- 23 de octubre: ASF confirmó el inicio de investigaciones al INE y OPLES.
- 25-26 de octubre: Guadalupe Taddei renunció como presidenta del INE
- 30 de octubre: ASF presenta informe preliminar sobre irregularidades en contrataciones
- 3 de noviembre: Sumaron 30 renuncias en el INE tras la salida de Taddei
- 4 de noviembre: UIF ordena bloqueo de cuentas de Taddei y otras 24 personas
- 5 de noviembre: La presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que las operaciones de Hernández Casillas se remontan a la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE.
Maru Campos y la detención de Jáuregui
En abril, un operativo —a espaldas del gobierno federal— en el que participaron elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en Chihuahua, donde desmantelaron un narcolaboratorio, puso en el ojo del huracán a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, y al exfiscal César Jáuregui Moreno.
Sin embargo, en el caso del segundo, las cosas resultaron ser peores, pues, meses después, fue detenido por las autoridades y vinculado a proceso por al menos dos delitos, entre ellos, traición a la patria. Aunque en un principio la gobernadora también fue señalada por este acto, Jáuregui es el único que está pagando los platos rotos.
César Jáuregui fue nominado por la propia María Eugenia Campos para convertirse en el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en 2023, pero su vínculo político se remonta a casi una década atrás.
La primera relación política que este medio pudo encontrar entre Jáuregui y la gobernadora de Chihuahua se remonta a 2006, cuando se conocieron en el Congreso local como diputados.
En el caso de María Eugenia Campos, fue diputada local en la LXIV Legislatura, de 2006 a 2009, y también diputada federal por la LX Legislatura, de 2013 a 2016.
Mientras que Jáuregui Moreno también fue diputado local y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) entre 2004 y 2007, puesto que repitió en el periodo de 2014 a 2016, por lo que se puede decir que, en su momento, él tuvo un cargo mayor al de María Eugenia Campos.
Uno podría pensar que fue ese periodo en el que coincidieron en la Cámara de Diputados el que estrechó la relación entre ambos, pues Jáuregui fue uno de los principales coordinadores de campaña de María Eugenia Campos para convertirse en la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Chihuahua en 2016.
Dos años más tarde, en 2018, María Eugenia Campos se reeligió en el puesto, pero pidió licencia para buscar la gubernatura del estado.
Durante todo este tiempo, Jáuregui Moreno acompañó a Campos en el poder.
Aunque María Eugenia Campos se convirtió en gobernadora de Chihuahua el 8 de septiembre de 2021, con el apoyo de César Jáuregui, su campaña electoral estuvo manchada por una polémica en la que ambos políticos, incluso, fueron vinculados a proceso.
Durante la campaña electoral, Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en consumación continuada a título de autores, junto con una exdiputada del Partido Verde y un exdiputado del PRI.
Lo anterior, al ser acusada de recibir indebidamente más de 9 millones de pesos entre 2014 y 2015, durante la administración de César Duarte, exgobernador de la entidad y quien enfrenta cargos en Estados Unidos.
El caso salpicó a María Eugenia Campos, quien aclaró que la entrega de dinero habría ocurrido en los años 2014-2015, cuando ejercía como líder de la fracción parlamentaria del PAN junto con el también imputado César Gustavo Jáuregui.
Este año, César Jáuregui Moreno fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de traición a la patria por el ingreso de agentes de la CIA en una operación de abril.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR), el exfiscal es acusado por su presunta participación en el hecho de traición a la patria.
La carpeta de investigación correspondiente señala una serie de entrevistas, documentales y otros elementos que refieren que el fiscal tenía conocimiento de la participación de agentes de la CIA en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.
Pese a los años de conocerse, María Eugenia Campos acusó ante la FGR al exfiscal de Chihuahua de actos de corrupción. Según la panista, este tendría casinos y prestanombres, señalamientos que dieron pie a una nueva carpeta de investigación.
La Casa Blanca de Peña Nieto
En 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció el robo de un expediente apodado La Casa Blanca, que incluía la documentación sobre el posible conflicto de interés de Enrique Peña Nieto y su exesposa, Angélica Rivera, con Grupo Higa.
Las investigaciones apuntaron a que, antes de la entrega-recepción de la administración del último priista en el poder, se sustrajo el expediente original por una copia que presuntamente omitía diversas evidencias.
En 2014, una investigación periodística reveló que la primera dama tenía una casa en Las Lomas, con un valor de 7 millones de dólares, que fue construida a su gusto por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes construyó obras cuando su esposo fue gobernador del Estado de México.
El inmueble ubicado en Sierra Gorda 150 en Lomas de Chapultepec marcó la credibilidad del priista y de la actriz.
El descubrimiento periodístico orilló a la serie de reformas legales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y, de manera sorpresiva, ocasionó que el gobierno mexicano revocara la licitación para construir el tren de alta velocidad, México-Querétaro.
Grupo Higa recibió contratos millonarios en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador y alquiló aeronaves al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña por la Presidencia en 2012, a través de otra de sus filiales, Eolo Plus.
Ante el escándalo mediático, la exprimera dama salió a decir que obtuvo la propiedad de Paseo de Las Palmas como resultado de la terminación del contrato laboral con Televisa y que, luego de conocer al empresario Hinojosa Cantú, decidieron que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y ampliara la propiedad a su gusto.
Al final de su administración, Peña Nieto reconoció que el manejo de la crisis que ocasionó la difusión del caso no fue correcto.
Javier Duarte y Moisés Mansur: los dos amigos
Moisés Mansur Cysneiros es un empresario que fungió como el principal prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien, de acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República, era el encargado de “operar las instrucciones” del funcionario que derivaron en el desvío de millonarias cantidades de dinero del erario.
Este personaje, quien era un amigo de Duarte desde la infancia, también era el representante jurídico de Consorcio Brades, una de las dos principales empresas fachadas, a través de las cuales el ex priista y sus prestanombres consiguieron lavar dinero.
En la carpeta de investigación también se detalla que Mansur adquirió para Duarte más de una decena de propiedades en el país en entidades como Veracruz, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México.
En Veracruz, el empresario fungió como prestanombres del expriista para el rancho La Macedonia y el predio La Macaia, ubicados en los municipios de Tres Valles y Cosamaloapan, respectivamente.
De igual forma, sirvió de testaferro de Duarte para un lote de terreno localizado en la población Las Mesas en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México. Posteriormente, Mansur Cysneiros vendió una tercera parte de este inmueble a José Juan Janeiro Rodríguez y a Rafael Gerardo Rosas Bocardo.
También consta en la carpeta de investigación que adquirió para el expriista un departamento localizado en el exclusivo conjunto Finestre en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, así como otro más en Ciudad de México, en Campos Elíseos número 71 bis, colonia Polanco.
El Ministerio Público de la Federación también identificó que este personaje abrió cuentas bancarias en Suiza.
Cuando se descubrió todo el escándalo, se supo que el empresario conocía a Duarte desde hace más de 20 años, cuando cursaban la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana.
Cuando Mansur visitaba el estado, vivía en Casa Veracruz, la residencia oficial de los gobernantes, o estaba presente en las reuniones de gabinete, según reveló en su declaración ministerial Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública durante la gestión de Duarte.
Se supo que incluso en 2006 Mansur Cysneiros nombró en su testamento como “único y universal” heredero a Duarte, pero fue revocado en 2010.
Felipe Calderón y García Luna: ¿sabía?
En 2024, el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado, por el juez Brian Cogan, a casi 39 años de prisión por sus nexos con el narcotráfico, para ser específico con el Cártel de Sinaloa.
Esto a pesar de que el mexicano presentará una carta en la que negara su vínculo con el narcotráfico. Aunque no hay evidencia de un lazo de amistad entre el sentenciado y el expresidente, el lazo de confianza que hubo entre ambos en su momento hacen cuestionar si Calderón sabía de sus nexos con el crimen organizado.
La principal acusación que hace el gobierno estadunidense contra el exfuncionario público es haber recibido sobornos de la organización criminal fundada por Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada.
“Los sobornos compraron a un aliado esencial y miembro del cártel. A cambio de millones de dólares, el acusado dio asistencia activa, incluyendo inteligencia sobre investigaciones contra el cártel, información de cárteles rivales y un pasaje seguro para cantidades masivas de drogas”, continuó la Fiscalía.
Por otro lado, las autoridades recordaron que también intentó sobornar a otros presos para mentir y que lograra un nuevo juicio, pues aseguraba que dos de los testigos que se presentaron en su contra se pusieron de acuerdo sobre su testimonio.
La Fiscalía explicó que, sumado a todo, una pena de cadena perpetua va en línea con otras sentencias impuestas a criminales como al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la misma situación.
Desde que detuvieron a García Luna, Calderón negó que su gobierno tuviera información de sus los nexos criminales y aseguró que jamás hubiera permitido que algún funcionario suyo con vínculos como esos estuviera en su administración.
Declaración que dio un año después de que detuvieran a Genaro García Luna en Dallas, Texas, en diciembre de 2019. Tiempo después, en 2024, Calderón volvió a deslindarse de él.
Al respecto, el movimiento de la cuarta transformación siempre ha cuestionado sí Felipe Calderón estaba enterado de la relación criminal entre García Lun y el Cártel de Sinaloa.
Funa política de Rosario Robles conta Carlos Ahumada
El 21 de agosto de 2013, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, denunció al empresario Carlos Ahumada Kurtz, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.
Robles Berlanga denunció a Ahumada de haber sustraído tres hojas en blanco con su firma, sin su consentimiento, y que a través de terceras personas la amenazó de utilizar las hojas, en las que se reconocía una deuda millonaria.
Ante esta situación, el empresario tramitó un amparo que fue admitido a trámite por el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, quien concedió la protección justicia al quejoso.
En 2020, un tribunal unitario dejó firme la resolución de un juez federal que determinó que no hay elementos para acusar al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz por el presunto delito de fraude.
Tras esto, se abrió la posibilidad de que pudiera reclamar el préstamo de 400 millones de pesos otorgado a Rosario Robles, dinero que sirvió para apoyar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su momento.
Hay que recordar que Rosario Robles y Carlos Ahumada fueron pareja sentimental por más de 15 años antes de que la funcionaria lo denunciara.
RM
